En el marco de la investigación desarrollada por el fiscal Marcelo Degiovanni, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, el responsable del Juzgado Federal N°4 de dicha jurisdicción, Marcelo Martín Bailaque, procesó a un joven, de 18 años, en orden al delito de amenazas anónimas, por haber realizado un llamado telefónico con una falsa amenaza de bomba al Instituto Politécnico Superior “General San Martin”, el pasado 8 de septiembre de 2016.

Aquel día, alrededor de las 14.54 horas, el establecimiento educativo recibió una llamada anónima en la cual una voz masculina le refería respecto a la existencia de una bomba en el edificio. Ello alarmó a personal y alumnos del Instituto, y se convocó a personal de la Delegación “Rosario” de la Policía Federal Argentina, que revisó el lugar sin encontrar explosivo alguno.

La investigación por el suceso recayó en la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, a cargo del fiscal Degiovanni, quien solicitó el análisis de las llamadas entrantes a la institución, en el horario de la amenaza. Así se logró dar con tres abonados telefónicos, uno de los cuales correspondía al uso interno de la compañía Telecom, y los restantes a dos mujeres. Así, el representante del Ministerio Público Fiscal encomendó una serie de tareas de investigación que permitieron determinar que una de esas líneas pertenecía al domicilio donde el joven vive junto a sus padres.

El juez consideró que “el imputado habría realizado el llamado intimidatorio al establecimiento educativo al que concurría a los fines de evadir el examen que estaba programado para esa fecha".

Asimismo, en el marco de la investigación se estableció que el joven era alumno regular del 6° año de Educación Técnica Profesional de Nivel Secundario de dicha institución- y que ese día estaban programados diversos exámenes, entre los que se contaba el de la asignatura “Algoritmos y Estructuras de Datos Avanzados”, el que debía rendir el imputado.

En base a las pruebas colectadas, el fiscal Degiovanni solicitó que el joven sea indagado, pedido que fue receptado por el juez federal Marcelo Martín Bailaque. Tras ello, el magistrado consideró que “el imputado habría realizado el llamado intimidatorio al establecimiento educativo al que concurría a los fines de evadir el examen que estaba programado para esa fecha, por lo tanto, corresponde disponer su procesamiento por considerarlo probable autor del delito de amenazas anónimas” -en los términos del artículo 149 bis, primer párrafo, segunda parte del Código Penal-, al tiempo que le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 600 pesos.