La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó al ex fiscal general de esa jurisdicción Julio Alberto Novo, a sus fiscales adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, y a las secretarias Melisa Rey y Mariana Busse, acusados de haber encubierto los asesinatos de dos ciudadanos colombianos vinculados al narcotráfico cometidos en el estacionamiento de Unicenter en julio de 2008. La jueza los procesó por los delitos de “encubrimiento agravado, estorbo funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.  Además, dispuso  embargos por dos millones de pesos.

La magistrada señaló señaló en su fallo que“ todo cuanto hasta aquí se expuso permite sostener con un alto grado de probabilidad positiva, que las acciones disvaliosas materializadas por Julio Alberto Novo, Eduardo Marcelo Vaiani, Rodrigo Fernando Caro, Melisa Fernanda Rey y Mariana Busse por las cuales mediante este pronunciamiento se  los cautela, estuvieron dirigidas a menoscabar y entorpecer la tarea investigativa primero del Fiscal Diego Grau y luego de Luis Angelini en el marco de los procesos penales orientados a individualizar y someter a proceso a los autores de los homicidios del binomio Hector Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quintero Gartner, como así también de aquel hecho criminal que tuvo por víctima a Juan Sebastián Galviz Ramirez”.

Oportunamente, el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez,  había pedido a la jueza Sandra Arroyo Salgado la indagatoria del ex fiscal general Julio Alberto Novo, de los fiscales adjuntos de esa dependencia Rodrigo Fernando Caro y Eduardo Marcelo Vaini, y de la secretaria de la unidad Melisa Fernanda Rey. También solicitó la indagatoria de la secretaria de gestión de la fiscalía de San Fernando, Mariana Busse.

En su presentación, el representante del MPF había expresado que los imputados “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo de aquella investigación, y mediante el atentado y entorpecimiento de las funciones y facultades que le eran propias a los directores de dichos procesos: los fiscales Grau y Angelini […] con el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios de Unicenter”.

Para llevar adelante ese plan, desde el 13 de noviembre de 2008 en adelante, los miembros del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, tanto desde la fiscalía general de San Isidro como desde la Oficina Fiscal Descentralizada de San Fernando, realizaron una serie de medidas que consistieron en “la desafectación de funcionarios encargados de las pesquisas, en la quita o no asignación de personal y recursos -aun cuando se reclamaba colaboración por los fiscales Grau y Angelini, en las exhortaciones informales destinadas a archivar las actuaciones, en situaciones de amedrentamiento y violencia psicológica laboral, en la filtración de información reservada que privó de éxito diversas medidas probatorias, en el impedimento de que los fiscales a cargo de dichas investigaciones viajasen a Colombia a producir prueba, en la instauración de un sistema de persecución del fiscal Angelini a través de la formación de una ingente cantidad de sumarios administrativos en su contra, y en el dictado de distintas resoluciones tendientes a desarticular la capacidad operativa del fiscal a cargo de los procesos; conductas éstas que se incrementaban e intensificaban en la misma medida en que [Grau y Angelini] avanzaban sobre los autores".