El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón ordenó el procesamiento con prisión preventiva de tres hombres y una mujer acusados de engañar, trasladar y explotar sexualmente a al menos 11 víctimas en situación de vulnerabilidad en tres prostíbulos ubicados en la provincia de Buenos Aires. El juez Jorge Rodríguez tomó la decisión luego del pedido del fiscal Sebastián Basso, quien cuenta con la asistencia de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por Marcelo Colombo.

La organización criminal regenteaba tres locales nocturnos denominados “Godzilla” y había establecido un sistema de “rotación” de las víctimas. Además, aplicaba un sistema de multas y descuentos.

La investigación se inició en agosto de 2012 a raíz de la denuncia realizada el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Según el relato, en 2010, con 18 años de edad, la víctima había ingresado a la red en el que funcionaban al menos tres prostíbulos denominados “Godzilla”, dos de ellos ubicados en La Matanza y otro en el partido de Morón. El Programa trasladó la denuncia a la por entonces denominada Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE, hoy PROTEX), que dio inicio al expediente y en mayo se llevaron a cabo los alllanamientos.

Los hechos imputados

La víctima-testigo fue acogida mediante el engaño de las condiciones y horarios de trabajo, “que con el tiempo fueron empeorando”. "En ese momento, tenía 18 años de edad, provenía de un hogar de bajos recursos y carecía de experiencia laboral para conseguir empleos calificados”. El fin era explotarla “promoviendo, facilitando, desarrollando y obteniendo provecho económico del comercio sexual en la red de prostíbulos”, ubicados en Rivadavia al 13.300 de Ramos Mejía, Juan Manuel de Rosas al 20.400 de Virrey del Pino –ambos en el partido de La Matanza- e Hipólito Yrigoyen al 700, en Morón.

La resolución que ordenó los procesamientos subraya que la mujer “fue rotada para brindar servicios sexuales”, con jornadas de 24 horas que apenas incluían descanso sólo cuando no hubiera clientes. Asimismo, se retenía el dinero, se aplicaban descuentos y multas por gastos “corrientes” como comida y publicidad, “que terminaron por hacerle perder la noción de cuánto era lo que realmente debía percibir”. También, la despojaron y revisaban sus pertenencias y el personal de seguridad vigilaba el ingreso y egreso, “sin permitirle libremente la salida de los sitios”. De hecho, era trasladada de un prostíbulo a otro por uno de los imputados en una camioneta.

El otro hecho identificado nuclea a otras 10 víctimas, “que serían explotadas en La Matanza”.

Por otra parte, se investiga “la posible existencia de una organización más extensa dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual” con ramificaciones todavía no precisadas, por lo que se encuentra en plena etapa de instrucción “con el objeto de alcanzar el total esclarecimiento de los hechos”.