En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, que encabeza el fiscal José María Campagnoli, la jueza Laura Bruniard -a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15- procesó con prisión preventiva a dos hombres acusados de integrar una banda delictiva que, entre septiembre de 2024 y mayo pasado, cometió una serie de robos a personas que salían de financieras, en el barrio porteño de Belgrano. Además, la magistrada embargó los bienes de los dos imputados por las sumas de $6.000.000 y $17.000.000.

Por los hechos, hay una tercera persona identificada, que permanece prófuga, y otros sospechosos que aún no fueron individualizados.

Los robos

La investigación se inició por el robo ocurrido el 6 de septiembre de 2024. En dicha ocasión, a pedido de una empresa con sede en la ciudad de Mendoza, un hombre que se desempeña como chofer de pasajeros y artículos, fue hasta una oficina ubicada en la avenida Olazábal al 1500, en el barrio porteño de Belgrano, donde retiró $2.500.000, que debía trasladar a un depósito de telas de la localidad bonaerense de Lanús.

Tras retirar el dinero -el cual guardó en una mochila- el hombre se dirigió a un estacionamiento para retirar su vehículo. Tras emprender la marcha por la calle Mendoza, frenó en el semáforo de la avenida Del Libertador. Allí apareció uno de los imputados, que rompió el vidrio delantero del lado del acompañante y se apoderó de la mochila con el dinero. La víctima trató de evitar el robo y se produjo un forcejeo, producto del cual al asaltante se le cayó su teléfono celular dentro del automóvil. Tras ello, el ladrón se dio a la fuga y abordó una moto que lo esperaba en Libertador, por donde huyeron con dirección al centro porteño.

Un segundo hecho, bajo la misma modalidad, se registró el 19 de marzo pasado, cuando un hombre que había retirado una importante suma de dinero del mismo edificio de la calle Olazábal, fue abordado en la intersección con la calle Golfarini. Allí, tras romper nuevamente el vidrio del automóvil, un asaltante sustrajo el dinero y se fugó en una motocicleta que también lo aguardaba.

El último hecho ocurrió el 7 de mayo pasado, cuando la víctima se detuvo en el semáforo de Blanco Encalada y avenida Del Libertador y fue abordada por un motociclista que, tras romper la ventanilla, le robó una mochila gris que tenía en el asiento del acompañante, y escapó hacia la avenida Figueroa Alcorta. En su interior había una notebook, el dinero que había retirado del mismo edificio de la avenida Olazábal, un pasaporte español, dos escrituras, un poder de administración general emitido por su madre, el documento de identidad, recetas médicas y estudios oncológicos de la mujer.

Los dos últimos hechos eran investigados por el los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional N°21 y N°18, respectivamente, pero a pedido de la fiscalía, se acumularon a la investigación de la Fiscalía de Distrito.

La investigación del MPF

El descuido del asaltante que perdió su teléfono, permitió que se analizaran sus comunicaciones y sus perfiles en redes sociales. Ello reveló que el sospechoso no actuaba solo  y permitió identificar a algunos de sus presuntos cómplices. Además, se advirtió la existencia de conversaciones examinadas que versaban sobre la compra y venta de armas y sus municiones, a través de la hermana de uno de los imputados y su pareja.

Al solicitar la detención de los implicados, el auxiliar fiscal Facundo Vidal -de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez- sostuvo en el dictamen que la investigación desarrollada “se basó en un exhaustivo análisis del teléfono que se le cayó a uno de los imputados tras cometer uno de los hechos -y de la compulsa de material fílmico y examen de listados telefónicos que reportaron actividad en el lugar de los desapoderamientos-”.

Según el dictamen, ello evidenció el funcionamiento de una organización criminal que operó “al menos desde el 6 de septiembre de 2024 a la actualidad, dedicada a la comisión de delitos indeterminados en el ámbito de esta ciudad”.

Uno de los autos secuestrados a la organización acusada de cometer salideras en Belgrano. Foto: Policía Federal

El modus operandi

“Generalmente, uno o dos miembros de la organización se encargaban de ‘marcar’ a las potenciales víctimas cuando éstas se encontraban en el interior del edificio señalado -o en el garaje lindero- y también cuando luego egresaban a la calle y partían hacia otro sitio a bordo de sus vehículos, dando aviso de los detalles de ello a sus cómplices de manera telefónica”, señaló el auxiliar fiscal en relación a las maniobras ilícitas.

Agregó que, “otros de los integrantes -en constante comunicación entre sí- comenzaban a seguir a los eventuales damnificados utilizando una moto que -a su vez- era secundada por otro auto (DS o Chevrolet Sonic) y cuando hallaban la ocasión propicia, generalmente cuando las víctimas detenían la marcha del vehículo; uno de los agresores descendía del rodado y se abalanzaba sobre el auto de la víctima, rompía el vidrio de la ventanilla y se apoderaba ilegítimamente del bolso o mochila que contenía el dinero, documentación u objetos de valor que llevaban consigo” al salir del edificio de la avenida Olazábal al 1500 donde funcionaba la financiera.

Además, cómo los robos fueron captados por distintas cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad, se pudo cotejar las imágenes con aquellas obtenidas en los perfiles de Facebook pesquisados.

Así, se determinó que uno de los procesados era quien arribaba al lugar en un automóvil DS3 o Chevrolet Sonic “y oficiaba de marcador en inmediaciones del edificio señalado”, mientras que el otro hombre “sería quien se abalanza sobre el rodado de la víctima, rompe el vidrio de la ventanilla y ejecuta directamente el desapoderamiento”. Además, un tercer implicado -que permanece prófugo- fue señalado como la persona que conducía la motocicleta en la que se dieron a la fuga en dos de los hechos.

En virtud de las pruebas recabadas, el auxiliar fiscal le requirió a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, Karina Zucconi, el allanamiento de las viviendas de los sospechosos, su detención para ser indagados y el secuestro de los vehículos utilizados en las maniobras, como otros elementos de interés para la investigación.

Ello fue materializado, días atrás, por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) que detuvo a dos de los hombres, en sus domicilios de la localidad bonaerense de Moreno.

El procesamiento: “Zarpados en chorear”

Ahora, la jueza Laura Bruniard -interinamente a cargo del Juzgado N°15- procesó a uno de los hombres como coautor del delito de robo en poblado y en banda reiterados en dos ocasiones, como autor del delito de robo simple, y por asociación ilícita, al tiempo que le trabó embargo por la suma de $17.000.000.

La magistrada también procesó con prisión preventiva al otro implicado como coautor del delito de robo en poblado y en banda y por asociación ilícita. Además, embargó sus bienes hasta cubrir la suma de $6.000.000.

“La modalidad delictiva empleada y el tenor de las conversaciones que mantuvieron los imputados entre sí, y con terceros, dan cuenta que los sucesos bajo estudio no son episodios aislados, sino que fueron llevados a cabo de manera organizada y por quienes hacen de ello su profesión habitual”, señaló la jueza en su resolución.

Además, agregó que, en esas conversaciones, los imputados se referían a las inmediaciones del edificio de la avenida Olazábal “como ‘su casa’, en clara alusión a que conocen al detalle la zona, las calles, su sentido de circulación, movimientos, etc. y que están ‘zarpados en chorear ahí”.

Para la jueza, “los integrantes de esta empresa criminal ejecutan los planes trazados por la organización para la sustracción de dinero u objetos de valor que los damnificados -previamente sindicados guardaban en el interior de sus vehículos; ya sea prestando apoyo y logística a quienes llevaban adelante esos atracos (por caso, como “marcadores”: individualizando a las potenciales víctimas y transmitiendo sus características y las pertenencias de valor que se les podrían sustraer)”.

Concluyó que “la entidad de la empresa revela que efectivamente durante ese lapso de casi 10 meses, la organización contaba con sujetos activos que conocían los alcances de planificación delictual y escogían futuras víctimas (que por lo general asistían a casa de cambio o escribanías en el centro porteño) para realizar su seguimiento y posteriormente sustraer o intentar sustraerles sus pertenencias”.