En base a una investigación de la Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, el juez federal Adrián González Charvay procesó a once personas acusadas de llevar adelante el secuestro extorsivo de una familia en agosto de este año dentro de un barrio privado de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. En la causa, intervino la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), cuyo titular es el fiscal federal Santiago Marquevich.

En la resolución, el titular del Juzgado Federal de Campana procesó a las once personas por el delito de “secuestro extorsivo agravado por tratarse de una de las víctimas menor de dieciocho años, haber participado en el mismo tres o más personas y por haber sido cometido con intimidación contra las víctimas cautivas mediante el empleo de armas de fuego”. Dos de los involucrados formaron parte de una fuerza de seguridad, lo cual constituye también un agravante.

El magistrado procesó también a todos los involucrados por los delitos de “robo doblemente agravado por haberse cometido con arma de fuego, en poblado y en banda y tenencia ilegítima sin la debida autorización legal de arma de guerra”. Por otra parte, se los consideró responsables de la “privación ilegítima de la libertad agravado por haber sido cometido simulando autoridad pública, en grado de tentativa”, por un hecho ocurrido dos semanas antes, cuando los dos expolicías bonaerenses intentaron secuestrar a dos de las víctimas.

“Las particulares características que conforman los delitos que les fueran imputados permiten concluir en que los nombrados encontrándose sin ningún tipo de medida coercitiva, podrían intentar eludir la acción de la justicia, o bien, entorpecer el cauce de la investigación”, resaltó el juez al momento de dictar las prisiones preventivas de las personas involucradas, en línea con lo requerido por la Fiscalía Federal de Campana. Además, fijó un embargo de ocho millones de pesos para cada una. 

Los imputados robaron 20 mil dólares, teléfonos celulares, joyas, computadoras, cuadernos con distintas anotaciones relativas a claves de acceso a billeteras digitales y contraseñas de correos electrónicos, y el 90% de las prendas de vestir que tenían las víctimas en su domicilio.

La investigación

La causa se divide en dos etapas: la primera abarca lo ocurrido el 30 de julio de este año cuando un hombre de nacionalidad colombiana y su custodia se encontraban en el estacionamiento del shopping Torres del Sol, ubicado en la localidad de Pilar. En ese momento, fueron interceptados por los dos exfuncionarios policiales quienes, con la colaboración de por los menos otros dos sujetos todavía no identificados, interceptaron el auto donde iban los hombres con el fin de privarlos de su libertad bajo la simulación de que se trataba de un operativo policial.

No obstante, la situación no se concretó debido a que la víctima comenzó a gritar y a pedir ayuda. Luego, concurrió al Departamento Judicial de San Isidro a radicar la denuncia de lo sucedido.

Dos semanas después, el 12 de agosto, los once imputados en la maniobra llevaron adelante el secuestro de toda la familia, conformada por el hombre, su esposa, su suegra y su hija, y también retuvieron al custodio. Primero, llegaron a la casa ubicada en el “Country Golf Club Argentino”, ubicado en José C. Paz, secuestraron a las mujeres y en ese mismo momento les robaron sus  teléfonos celulares y sus pasaportes.

Unas horas después, llegó el hombre, que ingresó a su casa sin su custodia, a quien había pedido que fuera a comprar cigarrillos. Al entrar y dirigirse a una de las habitaciones, el hombre fue abordado por las personas que estaban allí, que lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo ataron de pies y manos. Tras esta secuencia, le exigieron las claves de ingreso a sus celulares y le exigieron un pago de 10 millones de dólares para liberarlo. Al arribar al lugar el custodio de la víctima, también fue secuestrado.

En este contexto, y con todas las víctimas cautivas, los involucrados robaron tarjetas de crédito y débito; 20 mil dólares; dos teléfonos celulares; cuadernos con anotaciones importantes como claves; “Wallets” de NFT; una computadora Apple y otra marca Assus; un reloj marca Rolex; y dos cadenas, una de oro blanco y diamante blanco y la otra de oro blanco y diamantes negros.

El secuestro se produjo el 12 de agosto, pero unos días antes, el 30 de julio, dos expolicías y otros dos sujetos integrantes de la banda habían realizado un primer intento en una playa de estacionamiento. La víctima comenzó a gritar y a pedir ayuda y desbarató sus planes.

Dos días más tarde, el custodio fue liberado y se fue en avión hasta Colombia, donde se contactó con la madre del hombre secuestrado, a quien le relató lo sucedido. Luego de esto, los captores se comunicaron con el tío de la víctima, a quien le pidieron que consiguiera dinero, bienes a nombre de testaferros o cualquier elemento “con lo que puedan pagar” el monto exigido porque, de lo contrario, iban a tomar “acciones” en contra del secuestrado.

Dos expolicías bonaerenses y tres ciudadanos colombianos fueron detenidos cuando la causa aún tramitaba en el fuero provincial. El 18 de agosto, el juez interviniente declaró la incompetencia y remitió la primera causa al fuero federal, que recayó en la Fiscalía Federal de Campana.

Debido a que -con excepción del custodio- las víctimas se encontraban aún privadas de su libertad, el representante del MPF requirió de manera urgente una serie de medidas, como la solicitud de videos de cámaras de seguridad, intervenciones telefónicas directas, allanamientos, registros de activación de antenas de celulares, colocación de alertas migratorias, entre otras.

Tras el trabajo conjunto de la Sub-Delegación Departamental de Investigaciones de Pilar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina, durante la mañana del 20 de agosto se determinó que las dos mujeres y la niña habían sido liberadas. La información llegó a través de la Dirección de Migraciones, ya que las víctimas habían intentado salir del país vía el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por lo que había saltado la alerta migratoria que pesaba sobre ellas. Tras entrevistarlas, se conoció que intentaron irse a Colombia con el objetivo de entregarles a los captores los papeles relativos a un departamento en la ciudad de Cali.

Esa misma noche del 20 de agosto, la policía identificó a cinco personas que se retiraban a pie de una casa ubicada dentro de un barrio semi cerrado de Pilar. Cuando se los detuvo, se identificó también a la víctima. Otro persona investigada fue detenida cuando salía de un hotel en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que el último, que registraba pedido de captura, fue apresado el 27 de agosto por la Comisaría 6° de Palomar.

De acuerdo a la investigación realizada, los imputados robaron 20 mil dólares; dos teléfonos celulares marca Iphone y Samsung; un reloj marca Rolex; una cadena de oro blanco y diamantes blancos; una cadena de oro blanco y diamantes negros; una computadora portátil marca Apple, una computadora portátil marca Assus; cuadernos con distintas anotaciones relativas a claves de acceso a billeteras digitales “Wallets”, y contraseñas de correos electrónicos; y el 90% de las prendas de vestir que tenían las víctimas en su domicilio.