En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de Marcela Sánchez, el juez Darío Bonanno procesó con prisión preventiva a un hombre de 71 años de edad acusado de promover la corrupción de niñas menores de 13 años y producir, distribuir y tener material pornográfico de menores de 18 años. Además, trabó embargo sobre sus bienes por la suma de 2 millones de pesos e intimó a las autoridades de YouTube para que eliminen la publicidad de un video en el perfil del imputado.

El caso

La investigación se inició en febrero pasado, cuando el imputado llevó a reparar su notebook a un servicio especializado, donde el técnico que lo atendió advirtió que en el disco rígido había almacenados archivos de pornografía infantil, por lo que hizo la denuncia ante la Comisaría Vecinal 3A de la Policía de la Ciudad, que dio intervención a la fiscalía de turno.

La Fiscalía requirió al Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad que analizara el disco rígido y extrajera la información de utilidad para la investigación. Así, la Sección de Análisis de Investigaciones Especiales detectó 2.322 archivos de vídeo y fotografías “de contenido ‘aberrante’ en actos de neto corte sexual" con la participación de niños y niñas de una edad que oscila entre los 4 meses y los catorce años, y de adultos mayores e incluso de personas de avanzada edad, con ciertas características físicas que podrían coincidir con las del imputado.

La Sección de Análisis de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad detectó 2.322 archivos de vídeo y fotografías “de contenido ‘aberrante’ en actos de neto corte sexual".

En virtud de ello, el 25 de junio la fiscalía solicitó el allanamiento de la vivienda, de otros seis domicilios y la detención del sospechoso. Sin embargo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, a cargo deDario Bonanno, decidió reasumir la investigación y realizar una serie de medidas previas que culminaron el 11 de septiembre, con allanamientos en la vivienda del acusado –donde fue detenido- y en domicilios del barrio porteño de Versailles, y de las localidades bonaerenses de Escobar, González Catán, La Matanza y Carlos Casares -donde se habrían efectuado filmaciones de niños y niñas cuando eran abusados sexualmente-.

En los procedimientos practicados se incautaron computadoras, discos rígidos, teléfonos celulares, equipos de filmación y edición de imágenes, un equipo de radiofrecuencia, un maniquí vestido con un uniforme colegial, cartelería y publicidad de un programa de televisión infantil, genitales de látex y anotaciones del imputado -relativas al contacto de menores de edad-, pendrives y memorias, tablets, un módem y dos armas.

El hombre fue imputado como autor de los delitos de promoción de la corrupción de numerosas víctimas que, al momento de los hechos, eran menores de edad, de entre 2 meses y 16 años; y por participar en una red de pornografía infantil que producía y distribuía habitualmente fotos y vídeos de menores sin ropa o mientras protagonizaban escenas sexuales, y que operaría en nuestro país desde el año 2003. Sin embargo, al ser indagado, se abstuvo de declarar.

Procesamiento

En base a las pruebas colectadas, el juez Bonanno dispuso el procesamiento con prisión preventiva del hombre como autor de los delitos de promoción de la corrupción de niñas menores de 13 años reiterado –en dos ocasiones- y por producción, distribución y tenencia de representaciones de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explicitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Sin embargo, le dictó falta de mérito en relación a la imputación de integrar una organización con fines delictivos –junto a otra personas aún no identificadas- centrándose principalmente en actividades sexuales explícitas con la participación de niños, niñas y adolescentes, perpetrados entre el año 2000 hasta la actualidad. Asimismo, el magistrado trabó embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de dos millones de pesos, e intimó a las autoridades de YouTube para que eliminen la publicidad de un video que el imputado había publicado en dicha plataforma.

Para así decidir, consideró que el imputado se presentaba como “como productor de eventos infantiles y chofer de personajes reconocidos del ambiente del espectáculo, título que (…) utilizó como una suerte de ‘anzuelo’ para captar la atención de menores de edad y relacionarse con ellas, con la excusa de promover su arte”. Agregó que “esa construcción virtual y social de su identidad ficticia, le permitía relacionarse con niños desde una temprana edad y proveía un manto de legalidad a dicha vinculación. Asimismo, le daba la oportunidad de manipular a aquellos menores a quienes contactaba mediante redes sociales, a camuflar sus fines ante adultos que no estuvieran atentos y a vincularse disimuladamente con otras personas que tuvieran idénticos fines: los de consumo, tenencia, distribución de imágenes de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes”.

Por otra parte, señaló que “los artefactos de filmación hallados en el domicilio del imputado dan cuenta de que se dedicaría a esa producción. El hecho de que fuera técnico en radio y televisión, asimismo, le da la experiencia y conocimientos adecuados para llevar adelante este tipo de producciones”.

En relación a las víctimas que lograron identificarse en algunos de los videos que el imputado había producido, el magistrado sostuvo que el hombre “a través de engaños, aprovechando la disparidad etaria y utilizando como ‘pantalla’ su identidad de productor de espectáculos infantiles, emprendió contra las menores –que al momento de los hechos contaban con 11 y 13 años de edad respectivamente- actos que atacaron directamente la integridad sexual de aquellas al promover su corrupción exponiéndolas a ser grabadas realizando conductas de índole sexual que eran indicadas por él, en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2015. Estos actos, claramente, implicaron la potencial perturbación del desarrollo psicosexual de aquellas”.

El juez Bonanno dispuso la prisión preventiva del imputado por considerar que “no solo conoce a las damnificadas de los hechos por los cuales será procesado, sino a cada una de aquellas niñas, niños y adolescentes de quien tuvo su contacto personal e informático, y claramente en caso de recuperar la libertad podría amedrentarlos para procurar un resultado favorable, lo que de por sí entorpecería la investigación. (…) A su vez, no puede olvidarse que hasta el momento de su detención llevaba adelante las conductas delictivas en la comodidad de su hogar y a través de medios electrónicos y virtuales, y de recuperar la libertad no podría garantizarse que utilice dispositivos electrónicos para obstruir la prueba informática esencial en este tipo de eventos”.