El titular del Juzgado Federal de General Roca, Jorge García Davini, dictó el procesamiento con prisión preventiva de los cuatro miembros de una red acusada de explotar sexualmente a travestis en las rutas de la provincia de Neuquén. La medida fue cuestionada por la defensa pero el magistrado denegó las excarcelaciones y ahora se espera que se expida la Cámara Federal de apelaciones. Por su parte, las víctimas continúan siendo asistidas por el punto focal provincial de Rio Negro, con la colaboración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Comité contra la trata.

Los imputados fueron detenidos luego de una serie de allanamientos realizados el primer viernes de julio en cuatro viviendas, tres de ellas ubicadas en la ciudad de Cipolletti y una en la ciudad de Neuquén. Del operativo, participaron la Fiscalía Federal N°2 de Neuquén, a cargo de la fiscal subrogante María Cristina Beute, y la Policía Federal Argentina, con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y del organismo de rescate provincial.

Las personas imputadas fueron indagadas el sábado 5 de julio por los delitos de explotación económica de la prostitución ajena, trata de personas con fines de explotación sexual, reducción a la servidumbre y lesiones graves.

El Juzgado Federal N°2 de Neuquén se declaró territorialmente incompetente para continuar con la investigación. La Fiscalía acompañó ese criterio y giró el expediente al Juzgado Federal de General Roca, provincia de Río Negro.

La causa

La investigación comenzó el 25 de mayo con la sospecha por parte de los médicos de que una paciente que había ingresado al Hospital Bouquet Roldán de Neuquén con un cuadro de intoxicación por "ingesta de alcohol u otras sustancias" podía ser víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Una vez iniciada la pesquisa, se constató la existencia de una red de trata que explotaba sexualmente a travestis en la rutas nacionales 22 y 151, aledañas a la ciudad de Cipolletti.

Las víctimas eran obligadas a ofrecer servicios sexuales en determinados horarios siempre con autorización previa de la "jefa de área" y eran obligadas a pagar una “plaza” (monto de dinero diario o semanal) a la explotadora, quien ejercía control territorial sobre la zona.

A su vez, las víctimas habrían sido sometidas a un control y vigilancia permanente a través de multas, amenazas de muerte y agresiones físicas. “Mamucha”, como se hacía llamar la proxeneta, las obligaba a comprarle marihuana y a consumir cocaína que ella misma les proveía. En caso de negarse, eran sancionadas.

Además, les imponía a las jóvenes obligaciones extras como hacerle regalos “caros” una vez por mes, visitarla en su casa o comprar comida para sus mascotas. También, debían atender algunos clientes enviados por ella, a los que no se podrían negar, ni cobrar el servicio. Uno de ellos, las obligaría a mantener prácticas sadomasoquitas.

La proxeneta habría inyectado siliconas o aceite de avión en los cuerpos de las víctimas para incrementar sus mamas, glúteos, pantorrillas, cobrándoles dinero a cambio y provocándoles distintas afecciones en su salud. Incluso, en una ocasión el desplazamiento del líquido habría provocado la muerte de una de las jóvenes.

En tanto el marido de la imputada está acusado de amenazar a las jóvenes diciéndoles que si a su mujer la pasaba algo, él mismo se iba a encargar de meterles un tiro “una por una”.

Las víctimas mencionaron que algunas de ellas comenzaron a trabajar en la red siendo menores de edad. Debían hacer las compras y limpiar la casa. Quienes no se alojaban en la vivienda, estaban obligadas a residir en las inmediaciones para poder ejercer más control sobre ellas.

Finalmente, también declararon que recibieron agresiones físicas por parte de la principal acusada u otras personas mandadas por ella y que a una de ellas les provocó una fractura en la pierna. Otras chicas también denunciaron que miembros de la red habrían intentado quemarles la casa.

Luego del allanamiento, las víctimas relataron que recibieron amenazas de muerte y que la madre de la imputada habría quedado a cargo de la banda.

Reducción a la servidumbre

La principal acusada también habría acogido a las víctimas de otras provincias en su domicilio, donde vivían en condiciones "mortificantes".

Además de las condiciones propias de la explotación sexual, la imputada había impuesto a sus huéspedes un régimen severo con obligaciones tales como limpiar la casa -incluyendo la suciedad provocada por sus más de 50 mascotas entre perros y gatos; dormir en el suelo sobre una frazada, sin ropa de cama; solventar los gastos de alimentación de la imputada y su marido –mandaba a las víctimas a hacer las compras y entregarles dinero suficiente para una mínima parte de la mercadería que obligatoriamente tenían que traer; cumplir un horario estricto; levantarse temprano aunque hubieran estado trabajando durante la noche; permanecer fuera del domicilio toda la noche de los días sábado porque pareja deseaba estar a solas; pagar los impuestos, y comprar comida para las mascotas. Además, las insultaba, denigraba y las agredía verbalmente.

En las declaraciones, se advierte la comisión de un innumerable catálogo de delitos, tales como amenazas, coacción, lesiones, tráfico de influencias, narcotráfico, reducción a la servidumbre, entre otros, que posiblemente han sucedido pero que no pueden ser considerados sino como medios comisivos de los principales delitos.