La titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó los pedidos de excarcelación formulados por tres acusadas de integrar, junto a otros tres hombres detenidos en las cárceles de Magdalena y Olmos, una cuarta mujer y otras personas aún no identificadas, una asociación ilícita que extorsionaba a hombres a los que contactaban a través de aplicaciones de citas. La organización habría operado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, y se le atribuyen, en principio, tres hechos, entre otros muchos pendientes aún de esclarecimiento.

La medida de la jueza se dio en línea con lo dictaminado por el fiscal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.

La investigación

La causa comenzó el 16 de diciembre pasado, luego del hallazgo del cuerpo del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en el interior de una de las garitas de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia. El hombre, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicaba los motivos de su decisión.

A partir de a labor coordinada de la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) se logró reconstruir la modalidad de actuación de la organización e identificar a sus presuntos integrantes.

De acuerdo con la pesquisa, la banda era liderada por dos hombres alojados en la Unidad N°36 de Magdalena, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). También participaba otro interno de la Unidad N°26 de Lisandro Olmos y cuatro mujeres. Estas últimas habrían colaborado en la logística, al facilitar sus cuentas en billeteras virtuales para canalizar el dinero obtenido de las víctimas y aportar chips telefónicos que permitían a los internos realizar llamados desde los establecimientos penitenciarios.

En este contexto, se les atribuyó a todos los imputados haber formado parte, con distintos grados de participación, de una asociación criminal que se habría dedicado organizadamente y en forma habitual, a obtener la entrega, envío, depósito o transferencias de cosas y/o dinero mediante acciones intimidatorias, simulación de autoridad pública y/o invocación de una falsa orden de la misma, además de tres hechos de extorsión. Asimismo, a los cabecillas se les imputó la instigación al suicidio del granadero Gómez.

La maniobra

Según surge de la investigación, la organización criminal creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas —entre ellas “Evermatch”—, para contactar a las víctimas y proponerles continuar la conversación a través de WhatsApp.

Luego, desde el número de la supuesta mujer, las víctimas recibían un mensaje de audio de quien decía ser su madre, en el que les advertía que la joven era menor de edad y que formularía una denuncia en su contra. Posteriormente, recibían un llamado de una persona que se hacía pasar por efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires —cuya identidad era usurpada—, quien les indicaba que la supuesta madre estaba por denunciarlos y les exigía transferir dinero bajo el pretexto de “ayudar con la situación” y evitar la denuncia.

En base a las pruebas recabadas se estableció que la organización participó de tres hechos. El primero de los casos fue el que perjudicó al soldado Gómez, a quien obligaron a transferir 1.413.000 pesos, a dos cuentas de la plataforma Mercado Pago, el 15 de diciembre pasado.

El 26 de diciembre, otro hombre fue forzado a transferir 15.000 pesos a una cuenta de la misma billetera virtual, registrada a nombre de otra de las imputadas. Finalmente, los días 22, 27 y 28 de diciembre, una tercera víctima depositó 116.000 pesos en cuentas pertenecientes a dos de las mujeres investigadas.

Detenciones y el rechazo de las excarcelaciones

El 9 de febrero pasado, por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se realizaron siete allanamientos: tres de ellos en las unidades carcelarias y los restantes en diversos domicilios del conurbano bonaerense, en los que se detuvo a las cuatro mujeres.

Oportunamente, la defensa de tres de las mujeres solicitó su excarcelación. El fiscal Iuspa se opuso al planteo al considerar que la gravedad de los hechos, la multiplicidad de damnificados —que podrían ser más—, el desenlace trágico de una de las víctimas, la posible afectación de intereses federales y el estado público del caso permitían presumir riesgos procesales.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, en caso de recuperar la libertad, las imputadas podrían eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación, ya que “restan medidas de prueba pendientes de producción”. También advirtió que podrían ocultar maniobras aún no esclarecidas o intimidar a eventuales testigos, especialmente en un contexto en el que las extorsiones se basaban en la amenaza de difundir aspectos íntimos —aunque fueran falsos— en entornos digitales.

La jueza federal coincidió con el representante del Ministerio Público Fiscal y rechazó ayer las solicitudes de las defensas de las tres mujeres. En tal sentido, destacó la gravedad de los hechos y la presunta existencia de “un grupo criminal con gran capacidad organizativa lo que demostraría una concreta posibilidad de entorpecimiento de la investigación y reiteración delictiva”.

También, como aún restan los resultados de los análisis sobre los teléfonos celulares secuestrados, de los que “podrían obtenerse elementos que vinculen a terceras personas (aún no identificadas), o bien surgir nuevos canales de investigación”.