El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y el fiscal a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Luis Agüero Iturbe, presentaron un recurso de casación contra la resolución de la Sala I de ese último tribunal que había confirmado el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, del ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de esa ciudad, Franco Moccia, del director general de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Carlos María Frugoni, de la jefa de compras de esta empresa, Natalia Bustos, y del ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en la causa donde se los investiga por el posible direccionamiento durante el proceso licitatorio de la obra vial conocida como Paseo del Bajo.

En su presentación, los fiscales Rodríguez y Agüero Iturbe entendieron que la Sala I había efectuado valoraciones arbitrarias de la prueba colectada hasta ese momento y que por tanto el temperamento desvinculatorio adoptado para con los imputados era prematuro.

En tal sentido, sostuvieron que “las escasas, erráticas y hasta en ocasiones incomprensibles medidas probatorias dispuestas por el juez que tuvo a su cargo la instrucción, lejos de descartar dichos extremos, vinieron a sembrar más dudas sobre la regularidad del procedimiento administrativo desarrollado en el seno de AUSA” para la licitación de la obra Paseo del Bajo.

Los fiscales cuestionaron también el análisis de logicidad realizado por integrantes de la Sala I al resolver la cuestión, ya que sostuvieron que, por ejemplo, utilizaron como elemento dirimente sobre el posible direccionamiento la existencia de un elemento probatorio que no se encuentra debidamente incorporado a la causa. Los representantes del MPF precisaron que los camaristas le atribuyeron un contenido y significado que no se condecía con lo probado hasta el momento.

En este sentido, Rodríguez y Agüero Iturbe indicaron que la valoración probatoria que llevó a los integrantes de la Sala I a confirmar el sobreseimiento de los encausados presenta déficits de motivación y fundamentación en el análisis de las pruebas incorporadas, las pruebas que restan aún incorporar y la interpretación del derecho aplicable a la plataforma fáctica que compone la hipótesis criminal que atraviesa este caso.

Por ese motivo, los representantes del MPF sostuvieron que la resolución recurrida debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido, al no mediar relación directa e inmediata entre lo resuelto y las constancias comprobadas en la causa: “Los extremos señalados e interpretados bajo el imperio de la sana crítica racional, imponen llegar a una conclusión diametralmente opuesta a la signada por el Tribunal”, entendieron.

Agregaron que “tanto el sobreseimiento de los funcionarios públicos implicados como el cierre de la investigación resultan prematuros, en la medida que aún no se agotaron las diligencias probatorias que debieron ineludiblemente adoptarse para estar en condiciones de dictar un temperamento liberatorio” como el cuestionado.

Asimismo, en el recurso de casación se reforzó el pedido de las medidas de prueba oportunamente sugeridas a las cuales el entonces juez de la causa, Claudio Bonadio, no había hecho lugar y se agregaron una docena de medidas más que, de realizarse, permitirían “dilucidar si efectivamente nos enfrentamos a un acto de corrupción”.

Por último, los fiscales destacaron que, en dos años y seis meses aproximadamente de trámite, la causa estuvo paralizada más de un año y cuatro meses, tiempo que insumió resolver la apelación presentada en febrero de 2020 contra el sobreseimiento decretado por el entonces titular del Juzgado Federal Nº 11. Por tal motivo, Rodríguez y Agüero Iturbe solicitaron a la Cámara de Casación que resuelva en el menor tiempo posible en atención al "efecto multiplicador negativo" que genera en las investigaciones de este tipo el paso del tiempo.

La causa inició en 2018 como consecuencia de la denuncia formulada por la PIA, a raíz de las inconsistencias que se desprendían del informe confeccionado y presentado por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante esa procuraduría respecto al proceso licitatorio llevado a cabo para la obra conocida como Paseo del Bajo.

En la denuncia se había puesto de relieve la modificación unilateral por parte de las autoridades de AUSA sobre el proceso licitatorio de los tres tramos (A-B-C) en los que estaba dividida la obra. Se indicó que se trataría de una maniobra pergeñada para beneficiar a la Unión Transitoria de Empresas IECSA – Fontana Nicastro SA, a la cual fue asignada el tramo más oneroso y redituable.