20 de abril de 2021
20 de abril de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A través de una suspensión de juicio a prueba
Resuelven un caso de estafa al Banco Nación mediante el pago de una deuda de un millón de pesos y la donación a un hospital
El conflicto, iniciado en 2018 en el fuero civil, pasó luego al fuero penal federal de Salta como un caso de “desbaratamiento de derechos acordados”. El proceso fue resuelto recientemente con una de las salidas alternativas contempladas en el Código Procesal Penal Federal.

El fiscal general Francisco Snopek, del Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, dispuso de la acción penal de manera temporal en un caso formalizado contra una pareja empresaria del sur de la provincia, quienes habían sido sometidos a proceso por un hecho de estafa en perjuicio del Banco Nación.

De esta manera se arribó a la resolución de un conflicto que ya llevaba más de dos años de litigio en la justicia civil. En el marco del acuerdo celebrado, los encausados deberán cumplir con una deuda de un millón de pesos mantenida con la entidad bancaria.

Asimismo, y como acción reparadora de su conducta la pareja compuesta por Hugo Francisco Solorza y María Verónica Poma Pegoraro deberá efectuar una donación mensual de 3 mil pesos a favor del hospital Oscar H. Costas, de la localidad de Joaquín V. González, ubicada a 228 kilómetros de la capital salteña.

El litigio se inició el 27 de abril de 2018, cuando el Banco Nación promovió acción civil de ejecución prendaria de maquinarias contra los acusados, oriundos de la ciudad de Metán, próxima a Joaquín V. González. Esa medida, sin embargo, se frustró a raíz de acciones de ocultamiento que impidieron la disposición de bienes por parte del banco. Por ello, el 21 de octubre de 2019 la entidad denunció ante la fiscalía a los deudores por el presunto delito de estafa, con lo cual el conflicto pasó al fuero penal federal.

En octubre de 2019 el Banco Nación denunció ante la fiscalía a los deudores por el presunto delito de estafa, con lo cual el conflicto pasó al fuero penal federal.

El caso giraba en torno a maniobras que tenían como objetivo el incumplimiento de pagos de dos préstamos por un monto total de un millón de pesos, tramitados y obtenidos en 2016. Al asumir la investigación del hecho, el fiscal Snopek llevó adelante el proceso bajo la calificación de “desbaratamiento de derechos acordados”, contemplado en el artículo 173, inciso 11 del Código Penal.

Desde su inicio, y a pesar de los contratiempos surgidos a lo largo del 2020 por la pandemia del coronavirus, la fiscalía celebró varias audiencias en torno al caso, que finalmente arribó a su resolución en un tiempo perentorio desde su radicación en la fiscalía.

La fiscalía aceptó los términos acordados con la defensa de los acusados, quienes se comprometieron al pago de la deuda contraída y a cumplir con la acción reparadora en beneficio del hospital de Joaquín V. González

Resolución

Así las cosas, y en el marco de los principios rectores establecidos en los artículos 22 y 26 del Código Procesal Penal Federal, los cuales promueven la resolución de conflictos de manera expedita que no sólo permitan lograr la paz social, sino también el beneficio a la comunidad, el fiscal Snopek decidió disponer de la acción penal mediante un acuerdo de suspensión de juicio a prueba.

Fue así como el 11 de diciembre del 2020, con la asistencia de la auxiliar fiscal Rocío Mariscal, el fiscal aceptó los términos acordados con la defensa de los acusados, quienes se comprometieron al pago de la deuda contraída con la entidad bancaria, como así también cumplir con la acción reparadora, en este caso en beneficio del hospital de Joaquín V. González. Esto se celebró de manera temporal y por el término de un año, tiempo en que los acusados deberán someterse al control del Patronato de Liberados que corresponda. Todo ello bajo la advertencia de que, ante cualquier incumplimiento, la acusación penal será restaurada.