El fiscal Leonel Gómez Barbella, interinamente a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Morón, concurrió en representación del Ministerio Público a las audiencias tomadas en el marco del cumplimiento del fallo “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”, dictado del 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema de Justicia. Los encuentros se llevaron a cabo en el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, los jueves 14 y 21 de agosto.

Además del fiscal, concurrieron representantes del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AYSA SA) y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); personal de las jefaturas departamentales de Lomas de Zamora y Almirante Brown. Todos expresaron su buena voluntad para trabajar en pos del avance en el cumplimiento de los objetivos planteados y dieron muestras de colaboración.

Las audiencias se llevaron adelante con el objetivo de que los vecinos de Lomas de Zamora y de Almirante Brown (ambos partidos dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo) reciban agua potable sin problema alguno. Algunos conflictos gremiales habían impedido días atrás que la planta de Lomas de Zamora funcionara normalmente, obstaculizando que se llevase a cabo el normal desarrollo del área. Luego de las reuniones, el secretario general de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, gestionó con los trabajadores de AYSA de Lomas de Zamora que retomaran las actividades, por lo que la planta se puso en marcha nuevamente.

La ley de Política Ambiental Nacional (25675) dice que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie y que el juez podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos para proteger el interés general.