La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, conformada unipersonalmente por la jueza Elida Isabel Vidal, hizo lugar al recurso presentado por el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich, y el fiscal federal ad-hoc de la Fiscalía Federal N°1 rosarina, Matías Scilabra, y ordenó que una investigación por el secuestro extorsivo de un joven continué su trámite ante la justicia federal.

De este modo, la camarista revocó la resolución dictada el 9 de marzo de 2020 por el juez Carlos Alberto Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Rosario, por la cual declaraba su incompetencia material para investigar el hecho y remitía las actuaciones a la Fiscalía Regional de la 2da circunscripción del Ministerio Público de la Acusación.

El caso

Alrededor de las 20 del 27 de febrero de 2020, la víctima concurrió a una vivienda de la calle Robles al 3400, en Rosario, para comprar estupefacientes. Una vez dentro de la vivienda, tres hombres lo llevaron a una habitación, lo ataron, lo intimidaron con armas, lo golpearon y le exigieron dinero. Como el joven les dijo que no tenía, lo subieron a un automóvil Volkswagen Suran y lo llevaron hasta su vivienda, donde amenazaron con matar a su familia sino les entregaba el dinero.

Una vez en la casa de la víctima, le sustrajeron dinero y otros objetos y luego lo trasladaron a otra casa ubicada en la calle Silva al 1100, desde donde llamaron a un amigo del joven. Cuando éste llegó al lugar, la víctima aprovechó para escapar.

La investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Rosario y la UFESE permitió identificar a tres sujetos, de los cuales uno sólo permanece ligado a la investigación, debido a que otro de ellos falleció y el restante fue beneficiado con la falta de mérito, la cual fue apelada y está pendiente de resolución.

El 9 de marzo de 2020, el juez federal Vera Barros declaró su incompetencia material para continuar con la investigación. En su fallo, destacó que el hecho “se habría cometido solo en una ocasión, no constando que se hubieran denunciado otros hechos similares, por lo que podría considerárselo -en principio- como un hecho aislado, con características propias, sin afectación de la seguridad del Estado Nacional o algunas de sus instituciones, circunstancia que resultaría determinante para excluir la competencia de este fuero de excepción.”

La resolución fue recurrida por los fiscales Santiago Marquevich y Matías Scilabra, al entender que el temperamento adoptado resultaba “desacertado o, por lo menos, prematuro”. Sostuvieron que la causa se encontraba en sus orígenes, que estaban vigentes dos pedidos de captura, que aún restaba identificar a parte de los involucrados en el hecho y que del lugar donde estuvo cautivo el joven se secuestraron un chaleco y una gorra de la Policía de la Provincia de Santa Fe, por lo que no podía descartarse la intervención de personal policial. También, señalaron que la víctima declaró que sus captores secuestraron a otra persona e intentaron retener a otra.

En su presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron “en que la posible existencia de una comunidad criminal, dedicada a privar de la libertad personal a los ciudadanos, constituiría un riesgo para la seguridad del Estado Nacional”. Concluyeron que se trataría de “un grupo de sujetos organizados para delinquir, con armamento sofisticado –uso de silenciadores-, un manejo operativo y violento de las víctimas que les habrían permitido en pocas horas hacerse de dinero y efectos personales”.

La decisión de la Sala A

Al resolver la cuestión, la jueza Elida Isabel Vidal analizó las pruebas recolectadas y coincidió con la postura de los fiscales, por lo que revocó la resolución del juez Vera Barros y ordenó que la investigación continúe a cargo del Juzgado Federal N°3 de Rosario.

En tal sentido, explicó: “las circunstancias reseñadas resultan hábiles para concluir que la tramitación de esta causa corresponde a esta justicia de excepción, que se encuentra en plena etapa de instrucción, en tanto por el momento resulta prematuro aseverar que el hecho en cuestión inequívoca y fehacientemente se corresponda a una estricta motivación particular de sus autores. A lo que cabe agregar, que conforme sostienen los representantes del Ministerio Público Fiscal, en quienes se halla delegada la investigación, restaría esclarecer si el secuestro podría tener alguna eventual vinculación con ilícitos relacionados con el comercio de estupefacientes”.

Finalmente señaló que, como el secuestro ocurrió hace casi dos años, “otorgar su conocimiento en este estado de la causa principal a la justicia ordinaria generaría un dispendio jurisdiccional que atenta contra una más expedita y eficaz administración de justicia”.