El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por Gabriela Elisa Catalano, Domingo Batule (presidente) y Abelardo Jorge Basbus, lleva adelante desde ayer el juicio a la exdirectora del PAMI de esa provincia, Verónica Molina, quien llegó a esta instancia acusada como autora de los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.

También son juzgados otros dos empleados de ese organismo, Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, acusados de malversación de caudales públicos, en grado de coautores, y Marcos Vera, un ex director de la ANSeS imputado por exacciones ilegales, en calidad de autor.

La lista de acusados se completa con Fernando Ruarte, un exconcejal acusado en calidad de partícipe necesario del delito de malversación de caudales públicos. En todos los casos, la acusación surge del requerimiento de juicio impulsado por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, desde la formalización del caso, el 22 de octubre de 2021.

En su alegato de apertura, el fiscal Toranzos, responsable del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, repasó la acusación, que tiene como eje central la exigencia que pesaba en jefes de distintas agencias que posee el PAMI en localidades del interior de la provincia, para que pagaran el 20 % del sueldo en concepto de aportes a la organización política La Cámpora.

De la investigación realizada -según sostuvo el fiscal- se pudo establecer que ese dinero se acreditaba mediante transferencias, en algunos casos, y en otros se hacía a través del sistema de bolsín de comunicación interna de ese organismo.

Toranzos señaló como los principales responsables de esta maniobra y receptores de esos pagos a Molina y Vera, quienes eran directores de la sede Salta de PAMI y ANSeS, respectivamente, y también son representantes de La Cámpora en la provincia.

El fiscal afirmó que esta “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento. Entre las pruebas mencionadas, tanto de orden documental como testimonial, adelantó que presentará evidencias concretas, tales como capturas de mensajes, audios y documentación bancaria respecto al dinero recaudado.

Toranzos señaló como los principales responsables de esta maniobra y receptores de esos pagos a Molina y Vera, quienes eran directores de la sede Salta de PAMI y ANSeS, respectivamente, y también son representantes de La Cámpora en la provincia.

Toranzos también se refirió al uso irregular del sistema de bolsín, del que -de acuerdo a la acusación- las personas imputadas se valían para recibir el pago de los jefes de agencias designados en localidades lejanas. Añadió que todo ello se produjo en el marco de una modalidad ilegal que salió a luz por una denuncia anónima y la declaración de dos exgerentas de ese organismo.

Uso electoral

Respecto de la acusación por la entrega irregular de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI por la Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de que sean distribuidos entre los afiliados de extrema vulnerabilidad, el fiscal -asistido por la auxiliar Virginia Wierna y por la funcionaria Andrea Espinoza- se refirió al rol de cada uno de los acusados.

Indicó que los imputados, incluido Ruarte, desviaron el destino de estos bienes, que terminaron siendo funcionales a la campaña política que tenía como protagonista al entonces concejal, quien buscaba su reelección por el partido de La Victoria en la capital salteña. Por estos hechos, la fiscalía les imputó a los acusados el delito de malversación de caudales públicos.

Las defensas, por su parte, rechazaron las acusaciones y se limitaron a poner en duda la dirección imprimida a la investigación por parte de la fiscalía. A su vez, cuestionaron el tratamiento periodístico del caso e insistieron en el estado de inocencia que gozan sus defendidos.

Con mayor fervor, Ruarte aceptó declarar y se proclamó inocente, hizo una descripción de su trayectoria política y también como músico y artista, para luego atacar a la fiscalía por la investigación que lo condujo al banquillo de los acusados. Después de varias reiteraciones, el acusado fue advertido por el tribunal a fin de que se limitara a realizar su descargo con respeto a las partes.

Ruarte cargó contra los medios que replicaron un posteo que había subido a las redes sociales con la entrega de bienes del PAMI y que derivó en la investigación penal. Atacó la cobertura dada al caso por los distintos sitios informativos, en especial la cadena nacional de noticias TN.

Adjudicó la acusación penal a una persecución política y criticó a la fiscalía por el dispendio de recursos realizados por el Estado en la causa que lo llevó a juicio. Dijo que ello no se justificaba por la entrega de unas “pavitas eléctricas” en el marco de un acto oficial del PAMI, al cual “fui en calidad de invitado”.

El fiscal sostuvo que en la investigación se pudo establecer que el dinero se acreditaba mediante transferencias en algunos casos, y en otros se hacía a través del sistema de bolsín de comunicación interna del PAMI.

Ante el interrogatorio de la fiscalía, Ruarte se mostró confuso respecto a si la difusión del posteo y el inicio de la investigación penal motivó su derrota en la contienda electoral del 15 de agosto del 2021. La formalización de la acusación en su contra se llevó a cabo el 6 de abril de 2022.

A medida que las preguntas se profundizaron respecto al uso electoral de la entrega de los electrodomésticos, Ruarte tomó distancia y reiteró que en todos los casos fue invitado e incluso señaló a Albornoz y Gerónimo como los nexos en los preparativos de los actos.

Posteriormente, y ante la reiteración de preguntas dirigidas a especificar su rol en esos actos, el acusado se negó a contestar.

Testimoniales

Posteriormente, la fiscalía citó a dos periodistas locales. Gabriela Hernández, del semanario Cuarto Poder, se refirió a dos artículos escritos sobre el pago irregular de aportes exigidos por La Cámpora que se hacían en el PAMI y que eran dirigidos a Vera y Molina.

La testigo explicó cómo reunió la información y señaló como su fuente principal a Emilia Fabiana Juárez y Viviana Fernández, quienes dieron a conocer la exigencia de estos pagos en una audiencia de juicio seguida contra ambas por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

La periodista ratificó que ambas mujeres, quienes dirigían las agencias del PAMI de El Carril y Orán, respectivamente, reconocieron esta modalidad de pago. En la misma línea declaró también Silvia Noviasky, del diario El Tribuno.

En su caso, la profesional reconoció haber realizado una investigación una vez que salió a luz la información de los pagos de aportes, situación que, según afirmó, le fue confirmada por empleados de ese organismo, como también la entrega irregular de los electrodomésticos.

En último término, se llamó a declarar a Fernández, exgerenta de la agencia de Orán. La testigo resultó condenada por el Tribunal Oral Federal N°1 el 6 de agosto de 2021 a tres años de prisión por el delito de defraudación a la Administración Pública.

Al ser interrogada sobre las manifestaciones realizadas en aquél debate, en las que expuso la exigencia de pagos por parte de Molina y Vera, la testigo cambió de postura y señaló que “en esa oportunidad no entendía cómo se solventaba la tarea social” en relación a La Cámpora.

Agregó que sus declaraciones fueron producto del enojo, tras lo cual incurrió en una serie de contradicciones, lo que motivo un debate entre la fiscalía y las defensas respecto a la utilización de material probatorio, en especial piezas en las cuales testigo había dicho lo contrario.

Ante ello, el presidente del tribunal suspendió el testimonio y abordó las diferencias entre las partes. Luego, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando se reanudará la testimonial de Fernández, para luego seguir con la de Juárez.

Sobre las contradicciones incurridas, el fiscal dejó en claro la necesidad de exponer todo el material probatorio reunido, a la vez que no descartó la posibilidad de avanzar con una nueva investigación penal contra Fernández por el delito de falso testimonio.