El Fiscal Coordinador del Distrito Salta, Eduardo José Villalba, realizó un encuentro con el fiscal Federal de Oran, José Luis Bruno, y otro con funcionarios de Gendarmería Nacional para diseñar una estrategia conjunta para la zona en el combate contra el crimen organizado.

Las reuniones tuvieron como eje la articulación de las acciones de los distintos actores frente al contrabando y el tráfico de drogas. Recordemos que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dividió el país en 27 jurisdicciones y que Salta es uno de los cinco distritos que ya comenzaron a funcionar en el marco de este nuevo esquema..

Durante la reunión con el fiscal Bruno, los representantes del Ministerio Público Fiscal analizaron la situación de la Fiscalía de Orán que por ser una fiscalía de frontera,  se encuentra de turno los 365 días del año.

En tanto, en el encuentro con los representantes de Gendarmería, se consideraron los avances en la implementación del Operativo Vigia; el control a través de patrullas de Gendarmería Nacional en zonas de difícil  acceso, tales como el Monte Salteño, y el funcionamiento del radar y control de vuelos en la zona. También se conversó sobre la aplicación de las herramientas extraordinarias que prevee la ley 23.737, con vistas a desbaratar organizaciones criminales dedicadas al transporte de sustancias estupefacientes.

También, analizaron el impacto que produjo la desfederalizacion de la ley de drogas, en las investigaciones llevadas a cabo por Gendarmería Nacional y dejaron planteadas las bases para proceder al análisis común de casos con los fiscales provinciales. En este marco, el fiscal del Distrito Salta mantiene conversaciones con el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals.

De esta manera, se busca garantizar el acceso a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, con un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de drogas y de armas, el lavado de activos, la ciber-delincuencia y la corrupción pública y privada, entre otros.