La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, homologó una conciliación que prevé el pago de una reparación de 20 mil dólares por parte de la empresa minera Posco Argentina SAU, en el marco de actuaciones administrativas originadas por irregularidades en la importación de 500 kilos de ácido clorhídrico para sus plantas instaladas en la provincia. El acuerdo se dio a instancia de una propuesta del fiscal federal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, luego de una investigación que descartó la comisión de un delito, dado que esa sustancia es considerada un precursor químico.

La resolución se adoptó tras una audiencia realizada el 23 de diciembre pasado. Según expusieron Toranzos y Aráoz Vallejo, el caso se remonta a marzo del año pasado, cuando la firma inició trámites ante el Registro Nacional de Precursores Químicos con el objeto de importar dicha sustancia, en distintas partidas. La operación contemplaba el arribo del producto desde Corea del Sur por vía marítima y su posterior traslado terrestre, con ingreso al país a través del paso habilitado de Salvador Mazza.

Sin embargo, al concretarse la importación, la Dirección General de Aduanas advirtió irregularidades en la documentación presentada. Ante esa situación, se dio intervención al organismo de control de precursores químicos que, a su vez, remitió las actuaciones al Área de Casos Complejos de la fiscalía, ante la sospecha de que las anomalías pudieran encuadrar en un delito previsto en el artículo 24 de la Ley 23.737 de persecución del narcotráfico, vinculado al ingreso de precursores químicos.

Al abordar la investigación, la fiscalía llevó adelante diversas diligencias tendientes a reunir la totalidad de la documentación vinculada al trámite de importación, lo que permitió efectuar un análisis integral del procedimiento administrativo seguido por la empresa para el ingreso del ácido clorhídrico.

Falta administrativa

Del examen realizado, la unidad fiscal determinó que el trámite ante la Aduana se había efectuado de manera correcta, aunque la autorización fue otorgada sin haberse verificado la finalización del proceso ante el Registro Nacional de Precursores Químicos. Esta inconsistencia fue detectada recién al momento de los controles en zona de frontera.

En función de ello, la fiscalía descartó la existencia de un delito penal y concluyó que se trató de una irregularidad de carácter administrativo.

Conciliación como salida alternativa

Teniendo en cuenta la naturaleza del hecho y la actitud colaborativa de la empresa, el Ministerio Público Fiscal propuso resolver el conflicto mediante una conciliación. El acuerdo incluyó una reparación económica por un total de 20 mil dólares, mientras que la mercadería quedó interdicta por disposición de la Dirección General de Aduanas.

La fiscalía explicó ante la jueza que el monto acordado será abonado en un plazo de seis meses y estará destinado a beneficiar a instituciones educativas y sanitarias de las localidades de Estación Salar de Pocitos y Santa Rosa de los Pastos Grandes, ubicadas en el departamento de Los Andes, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Al fundamentar la solicitud, el fiscal Toranzos y la auxiliar fiscal Aráoz Vallejo destacaron lo dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que promueve la utilización de salidas alternativas para la resolución de conflictos, orientadas “al restablecimiento de la armonía entre las partes y a la preservación de la paz social”.

Asimismo, señalaron que el análisis del daño causado y la propuesta reparatoria se ajustaron a los lineamientos establecidos en las Resoluciones PGN 97/2009 y 13/2019 de la Procuración General de la Nación, consideradas principios rectores para la adopción de este tipo de acuerdos.