El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº2 de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la elevación a juicio de una causa que tiene a cinco personas imputadas por los hechos ocurridos en 2008 en el estacionamiento del centro comercial Unicenter, donde fueron asesinados dos ciudadanos colombianos vinculados al narcotráfico. El representante del MPF explicó que los hechos imputados se habrían desarrollado en el marco de un “complejo entramado de crimen organizado vinculado al tráfico nacional e internacional de sustancias estupefacientes".

El fiscal federal imputó a Víctor Hugo Ovejero Olmedo, Jorge Daniel Moreyra, Carlos Gustavo Luaces, Mario Martín López Magallanes y Richard William Laluz Fernández haber causado la muerte, por encargo oneroso, de Jorge Alexander Quinteros Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos el 24 de julio de 2008, alrededor de las 20.00, en el complejo comercial Unicenter, previa ideación mancomunada de un plan delictivo orientado en tal sentido y propósito, en el cual, cada uno de los acusados, de manera coordinada y organizada, tomó parte mediante un aporte imprescindible para su efectiva concreción.

Según la elevación a juicio del representante del MPF, Ovejero Olmedo y Moreyra interceptaron y asesinaron con armas de fuego a Quinteros Gartner y Duque Ceballos, en cumplimiento de un plan trazado con antelación. En tanto, Luaces, López Magallanes y Fernández fueron acusados de haber coordinado los asesinatos.

El fiscal explicó que, por la existencia de un plan común, división de roles y tareas, los imputados deberían responder a título de coautores.

El fiscal calificó los hechos como doble homicidio agravado por haberse cometido por precio o promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas.

Domínguez entendió que los hechos se encuadran en el delito de doble homicidio agravado por haberse cometido por precio o promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas.

En el desarrollo del requerimiento se resaltó la actividad de un hombre de nacionalidad colombiana que habría oficiado como entregador de las víctimas, por su relación familiar con uno de los líderes del cartel del Valle del Norte de Colombia. El fiscal señaló que esta persona tendría vínculos no sólo con los imputados, a quienes les reprochó los homicidios, sino que además con una gran cantidad de personas ligadas al contrabando de estupefacientes.

En efecto, vinculó distintos casos seguidos a otras personas, entre los que se cuentan los condenados Manuel Horacio Kleiman, Horacio Aníbal Bérgamo y Liliana Trinidad Falcón, precisamente por contrabando de estupefacientes, la investigación relacionada con la muerte de otra persona de nacionalidad colombiana -Galvis Ramírez-, la pesquisa por contrabando de oro en la que se investiga a Luaces y Gustavo Adolfo Juliá, e incluso con el sumario por el que se encuentran condenados los hermanos Juliá en el Reino de España por haber querido ingresar a dicho país una tonelada de cocaína.

En el requerimiento, el fiscal puso de relieve la relación de los acusados con imputados en otras causas vinculadas al crimen organizado.

Domínguez también expuso otras particularidades de la investigación, como la relación de estas organizaciones vinculadas al contrabando de estupefacientes con integrantes de los denominados "barras bravas", que oficiaron en los homicidios como mano de obra local, en el caso de Richard William Laluz Fernández, a quien respondían los imputados Ovejero Olmedo y Moreyra, acusados de ser los autores materiales. Otra es la participación en dichos homicidios, como supervisor y coordinador de Mario Martín López Magallanes, ex socio del difunto Sebastián Forza y conocido de Luis Marcelo Tarzia.

López Magallanes, indicó el fiscal, se encontraría relacionado con las investigaciones del triple crimen de General Rodríguez y las cocinas de droga de Ingeniero Maschwitz, por su nexo con las personas allí fallecidas, investigadas y/o convocadas en los procesos. También como supervisor y coordinador de los homicidios resultó imputado Carlos Gustavo Luaces, amigo y socio de Juliá, con quien según un informe agregado al expediente habrían exportado oro a Estados Unidos para de esta manera lavar los activos provenientes del contrabando de estupefacientes.