El titular de la Fiscalía Federal Nº1 de San Isidro, Fernando Domínguez, le requirió a la jueza Sandra Arroyo Salgado que eleve a juicio oral una causa por espionaje, asociación ilícita y encubrimiento que tuvo como víctimas a políticos y dirigentes sociales, entre ellos la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Daniel Scioli y el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, entre otros. Los imputados en la causa son ocho: el ex Secretario de Inteligencia Juan Bautista Yofre; los periodistas Carlos Pagni, Edgar Walter Mainhard y Roberto García; el director del portal “Seprin”, Héctor Alderete; el militar retirado Daniel Reimundes; el empresario Néstor Carlos Ick y Pablo Alfredo Carpintero.

En el requerimiento de elevación a juicio de más de 300 páginas, Domínguez describió la operatoria de interceptación de correos electrónicos de las víctimas y cómo la asociación ilícita conformada por Yofré, Alderete y Carpintero conseguía los archivos y la información de orden político, social, militar y económico, que debía “permanecer en secreto en función de la seguridad, de la defensa y de las relaciones exteriores de la Nación”. El otro grupo de imputados, denominado como “los clientes” de aquellos, eran quienes lograron tener acceso a esos datos, “con conocimiento del origen ilícito de la información que adquirieron”.

La jueza Arroyo Salgado había procesado y trabado embargos de entre 200 y 500 mil pesos contra los imputados en septiembre de 2012. Las defensas apelaron la medida que, un año después, fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín con una reducción de los montos de los embargos.

La maniobra

Los hechos investigados habrían tenido lugar, por lo menos, entre agosto de 2006 y junio de 2008. Según sostuvo el fiscal, Yofre; el ex agente de la SIDE Iván Velázquez (quién actualmente está prófugo) y Carpintero se dedicaban a la “búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información”.

Yofré junto con Veláquez habrían interceptado las cuentas de correo electrónico de Fernández de Kirchner (primero cuando ejercía el cargo de Senadora Nacional y luego ya como presidenta); del ex vicepresidente y actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré; y del por entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. También habrían sido víctimas de la maniobra Jorge Taiana, Héctor Timerman, Jorge Arguello y los secretarios privados de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, Fabián Gutiérrez y Jorge Isidro Baltasar Bounine.

La investigación se inició con reportes de la Secretaría de Inteligencia y, luego de dos años de tareas de investigación judicial que incluyeron la interceptación de correos electrónicos y la realización de escuchas telefónicas sobre los imputados, en junio de 2008 la jueza concretó varios allanamientos simultáneos en las viviendas de las personas investigadas. Allí, se secuestró material informático y documentación relacionada con las hipótesis que se manejaban en el proceso judicial.

Para la fiscalía, Yofré era la “cabeza” del emprendimiento ilícito y los “brazos técnicos” eran Velázquez y Carpintero. Ellos obtuvieron el contenido de los correos electrónicos de los funcionarios mediante métodos de piratería informática, explicó Domínguez. “Merced a los conocimientos especiales que los tres imputados aludidos ostentan por haber pertenecido a los Servicios de Inteligencia del Estado Argentino, desarrollaron de manera particular y delictivamente, tareas de espionaje”, indicó el fiscal.

El modo de acceso a los mails habría sido a través de la técnica de “hacking”, una intrusión sin autorización en redes o sistemas informáticos, que consistiría en vulnerar servicios de internet accediendo al tráfico y contenido de datos digitales. También habrían utilizado el “pishing”, cuya traducción consiste básicamente en el envío de correos electrónicos fraudulentos, no solicitados, que pretende obtener información confidencial del destinatario mediante la sustitución de la identidad del remitente.

Luego de obtener la información, ésta era almacenada en un suporte físico o electrónico, paso previo a colocarla en una carpeta “Borrador” de algunas de las casillas de mails creadas por ellos mismos, desde donde Yofré controlaba los datos y decidía con quién compartirlos. Cabe destacar que los “clientes” captados por el ex Secretario de Inteligencia tenían una cuenta de correo asignada, desde donde bajaban la información. Una vez utilizada, debían borrar el contenido. El fiscal explicó que este método de comunicación, al no realizarse de manera convencional, permitía mantener la dirección de IP oculta, y, por ende, “se evitaba su difusión”.

Las imputaciones

Los delitos por los cuales Dominguez solicitó que se juzgue a Yofré son los de “asociación ilícita, en calidad de jefe” y espionaje en calidad de coautor en 15 oportunidades y en calidad de autor en 2 oportunidades. Según pudo establecer el fiscal, era él quién disponía qué funcionarios iban a ser objeto de la “intrusión” y lo hacía a través de Velázquez, Carpintero y también a través de Alderete.

Así podía obtener la información para que el resto de los imputados realizara notas periodísticas o la utilizara “en provecho propio”. En algunas ocasiones, Yofré accedía también a la cuentas, “para evaluar la información que allí existía en ellas y el interés por seguir o no intrusando determinada casilla de correo”.

Carpintero está acusado de integrar la asociación ilícita al igual que Alderete, aunque el primero tiene una imputación por 15 episodios de espionaje mientras que al director de Seprin sólo se lo hace responsable de una. Carpintero y Velázquez se desempeñaron en la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde octubre de 2006 hasta abril de 2008, en el área de inteligencia criminal. Su tarea era realizar labores propias de la seguridad informática.

En cuanto a Alderete, en el requerimiento se destacó que, a pesar de no haber podido realizarse un seguimiento tan preciso, está probado el conocimiento de éste sobre “la ilicitud de su actividad”. En el allanamiento realizado en uno de sus inmuebles se encontró, por ejemplo, un maletín guardado entre el elástico y el colchón de una de las camas entre los que se encontraba el producto de las intrusiones a las cuentas de Alberto Fernández.

En cuanto al segundo grupo, conformado por los periodistas y empresarios, se los acusa de encubrimiento agravado en diversas oportunidades: 29 en el caso de García; 18 en el de Ick; 14 en el de Reimundes; siete en el de Pagni y cinco en el de Mainhard. Todos ellos, acusó Domínguez, recibieron y aprovecharon la información a sabiendas de su origen ilícito.