El fiscal federal Francisco Maldonado presentó un recurso de Casación en el marco de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, luego que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de San Juan -integrado en esta causa por Carlos Alfredo Parra, Raúl Alberto Fourcade y Juan Carlos Turcumán- absolviera a los cuatro imputados el pasado 26 de agosto.

Entre los acusados de explotar sexualmente a una joven menor de edad y en situación de vulnerabilidad en la provincia de San Juan se encuentran dos hermanas y un cuñado de la víctima La causa se inició en febrero de 2012, cuando la madre denunció la desaparición de la menor. Durante el debate, Maldonado había solicitado la pena de quince años de prisión para los dos principales imputados, y 10 para los dos restantes.

Fundamentos de la fiscalía

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la sentencia recurrida se debe, entre otras cosas, a una "valoración fragmentaria, infundadamente subjetiva  (y –por ende- irrazonable) y arbitraria" por parte del Tribunal respecto a las pruebas recolectadas en torno a los hechos imputados.

Además, el documento señaló que "la resolución absolutoria reconoce como trasfondo dos premisas fundamentales y – a criterio de la fiscalía- completamente erróneas: la exigencia de una modalidad comisiva para la configuración del delito de trata de menores de edad y el esfuerzo denodado por defenestrar la personalidad y estructura psicológica de la víctima en orden a justificar la hipótesis defensista".

De acuerdo a los fiscales, a la hora de absolver a los imputados el Tribunal se ocupó "extensamente" de la personalidad y situación psico-socio-afectiva de la víctima del caso, todo ello con la intención de restarle credibilidad a su relato, recortando y parcializando los extensos informes psicológicos y sociales que se le realizaron a la joven, los cuales afirmaban que la víctima no mentía ni fabulaba.

En esa línea, Maldonado sostuvo que la decisión del Tribunal de Alzada  no contempló como prueba suficiente el testimonio de la víctima ya que consideró que sus dichos son “contradictorios entre sí conforme el análisis y valoración de su declaración efectuada en Cámara Gesell, y una que otra comunicación telefónica que el Ministerio Público Fiscal ha señalado entre los imputados  que contienen manifestaciones en tal sentido, las que además de ser escuetas y ambiguas han sido negadas y cuestionadas en cuanto a su valor probatorio”.

Por el contrario, para el representantes del MPF el testimonio de la víctima ha sido constante y coincidente en su relato, ya que en todo momento sostuvo que se fugó de la vivienda porque sus hermanas y su cuñado querían venderla para ser prostituida. Finalmente, para la fiscalía, la resolución del Tribunal "destaca con énfasis" las constancias que certifican la drogodependencia de la joven, "como si esta condición la descalificara como víctima" o le quitara responsabilidad a las conductas de los imputados.

El caso

La causa se inició el 16 de febrero de 2012, cuando una mujer denunció la desaparición de su hija menor de edad a la línea 145 de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Agregó que eso habría sucedido luego de que la joven tomara conocimiento de que su hermana, junto a su pareja, pensaban venderla para ser explotada sexualmente, ya que, según su declaración, la estaban “obligando a prostituirse”.

Posteriormente, al prestar declaración testimonial en sede judicial, la mujer ratificó la denuncia y agregó que su hija la había llamado desde un número desconocido pidiéndole ayuda, expresando que su cuñado la había entregado a un hombre para que abusara sexualmente de ella y que luego cortó la comunicación intempestivamente. Como consecuencia, la justicia federal dispuso la intervención de varias líneas telefónicas y se ordenaron una serie de tareas de vigilancia.

Así, se constató que la hermana de la joven desaparecida  ejercía la prostitución, organizaba encuentros sexuales y retenía un porcentaje del dinero producto del ejercicio de la prostitución ajena.

A partir de una de las intervenciones telefónicas del cuñado de la víctima, pudo establecerse también que mantenía contacto con una persona apodada “Carucha”, otro de los imputados en la causa, con quien tenía charlas vinculadas a la presunta explotación sexual de la menor a cambio de un arma y dinero.

Así las cosas, en la búsqueda de la menor de edad, la justicia federal ordenó el allanamiento de los domicilios de sus hermanas, cuñado y del hombre acusado de querer comprarla, que se realizaron de manera simultánea el 9 de mayo de 2012. . A su vez, en el domicilio del hombre acusado de querer vender a la joven menor de edad se secuestró –entre otras cosas- gran cantidad de armas de fuego civiles y de guerra.

Finalmente, se produjo la detención a una de las hermanas de la víctima y dos días después la menor de edad fue encontrada y entregada a la policía. En junio de 2012 el Juez Federal resolvió procesar a los cuatro acusados y el 16 de junio de 2014 la Fiscalía Federal solicitó la elevación a juicio de la causa.