Aldo Jorge Carrascosa, quien se encuentra imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de al menos a 11 trabajadores en un campo ubicado en la ciudad de Albardón, provincia de San Juan, se negó a declarar. Los otros dos imputados en la causa son Javier Bordón, acusado de ser el encargado de la finca y de contactar a las víctimas en la provincia de Tucumán para trabajar en el predio, y Julio Ángel Córdoba. Ambos deberán prestar declaración indagatoria.

El 27 de martzo, el Juzgado Federal N°2 de San Juan había ordenado la detención con prohibición de salida del país de Carrascosa. Sin embargo, el acusado se había dado a la fuga y finalmente fue detenido el 13 de abril. Por su parte, las otras dos personas todavía no han sido detenidas. En el caso interviene la Fiscalía Federal de Primera Instancia de San Juan, a cargo de Francisco Maldonado.

Los hechos

La causa se inició el 19 de noviembre de 2014 luego de que la Dirección para Personas en Riesgos Sociales del Ministerio Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia de San Juan realizara una denuncia en la Fiscalíaa cargo de Maldonado. En esa oportunidad, relataron que el 18 de noviembre de ese mismo año, tres trabajadores rurales relataron en la sede del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) que el 13 de noviembre de ese año habían llegado a la provincia de San Juan, junto a otras 40 personas oriundas de la provincia de Tucumán, entre ellos varios menores de edad, con la promesa de vivienda y trabajo en un campo dedicado a la cosecha de frutas, propiedad de Carrascosa. El hombre tendría sus oficinas y un galpón en la localidad sanjuanina de Albardón y contaría con un encargado en el lugar, identificado como Javier Bordón.

En su descargo, las víctimas agregaron que cuando llegaron al lugar les ofrecieron para alojarse un galpón dentro de la finca y una casa, pero que ambos edificios se encontraban en pésimas condiciones de higiene y seguridad. Respecto a la remuneración, refirieron que habían acordado que Bordón les abonaría 10 pesos por cada cajón; luego dijo siete pero sin embargo, nunca cobraron.

Ese mismo día, personal de la dependencia de la Provincia, junto con agentes de RENATEA, realizaron una inspección en el predio, donde encontraron a 11 trabajadores hacinados en un galpón sin las mínimas medidas de higiene y seguridad. Detallaron que la persona que los contrató no cumplió con la oferta laboral prometida y que les cobraban por el agua, la electricidad y el alquiler del lugar donde dormían.

Posteriormente, los profesionales e inspectores hallaron en el lugar otros 14 trabajadores que relataron lo mismo que habían denunciado sus compañeros. Finalmente, los denunciantes agregaron que en ambos predios había niños y niñas.

Una vez en la Fiscalía, las víctimas afirmaron que Bordón habría buscado gente en la provincia de Tucumán para trabajar en la cosecha de frutas en San Juan y les ofrecía alojamiento. Así, más de 30 trabajadores tucumanos habrían viajado hacia San Juan el 13 de noviembre de 2014 y habrían sido trasladados en un ómnibus por el Gobierno de Tucuman con convenios con sindicatos.

Además, señalaron que las jornadas laborales eran de entre 8, 10 y 12 horas por día y que las tareas incluían la limpieza de la finca, la cosecha de frutos y la carga de camiones. Sin emabrgo, indicaron que nunca les pagaron ni les entregaron guantes ni ropa adecuada para realizar esas labores.

En su declaración, las víctimas coincidieron con las condiciones insalubres en las que debían trabajar y vivir, algunos en un galpón y otros en una casa de barro y cañas, sin sanitarios, ni agua potable, cocina, heladera y electricidad.

Asimismo, subrayaron que residían en la casa de adobe y manifestaron que solo tenían dos horas de luz durante la noche porque la casera del lugar les cortaba la energía eléctrica. Además, les cobraba por el hielo, la carga de batería del teléfono celular y les exigían el pago 1500 pesos por el alojamiento

A su vez, muchos coincidieron en que el portal de acceso a la finca había una persona que controlaba el ingreso y que por las noches no podían salir.

Con respecto a los niños y niñas, detallaron que “Javier” los hizo realizar trabajos forzados que consistían en limpiar la finca, cargar troncos grandes y otros objetos pesados, llevarlos de un lugar a otro y trabajar hasta la medianoche sin recibir remuneración alguna.

Asimismo, el fiscal Maldonado en su dictamen hizo hincapié en el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el cual informaba que el 18 de noviembre de 2014 se realizó un relevamiento de personal en el mismo predio allanado junto a Renatea y agentes del ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia. Ese día, Horacio Carrascosa manifestó que el predio era de titularidad de la empresa Dominant S.A., quién lo arrendaba a Cooperativa Albardón Trabaja Limitada y exhibió un contrato de locación. Sin embargo, los inspectores constataron que la fruta estaba almacenada en cajones identificados con una etiqueta con la inscripción “Establecimiento Aldo Carrascosa”. Además, ninguno de los empleados reconoció que trabajaran para la Cooperativa sino que aseguraron que Carrascosa era quien les abonaba el sueldo.

Finalmente, el informe detalló que de los 23 trabajadores, entre quienes había tres adolescentes, 11 dormían en una cámara frigorífica en desuso, con espacios comunes para descanso con colchones ubicados en el piso y sobre pallets usados. Los alimentos estaban sobre una mesa sin refrigeración, no contaban con agua potable, la conexión eléctrica era precaria y los sanitarios no tenían conexión a la red cloacal, pozo y agua.

Luego, en diciembre de 2014, la AFIP y Renatea concretaron una inspección en otra finca de Carrascosa, ubicada en la localidad de Zonda, y observaron las mismas irregularidades respecto a las condiciones infrahumanas de los trabajadores. En esa ocasión, otros 11 trabajadores, dos de los cuales eran menores de edad, no contaban con sanitarios, ni agua potable, ni energía eléctrica, ni construcción para alojar a los trabajadores. Además, los funcionarios fiscalizadores constataron que sobrevolaba un avión fumigador que rociaba veneno sobre la finca, mientras los trabajadores y sus familias cosechaban. A estas dos causas, se le acumuló otra de febrero de 2012 por irregularidades similares.