El juez federal Juan Esteban Maqueda amplió el procesamiento sin prisión preventiva de los cuatro policías de la Oficina de Investigaciones de la Unidad Regional II Distrito Metropolitano, de la localidad puntana de Villa Mercedes, acusados la privación ilegal de la libertad de cuatro hombres en el marco de operativos por narcotráfico irregulares. Así, Pablo Acosta Colautti y Guillermo Lemos, al oficial William Dias, al auxiliar Silvio Guillermo Coria están acusados ahora también de la detención ilegal de Marcelo Ernesto Guilmart. Además, el titular del Juzgado Federal hizo lugar al pedido del titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, quien había solicitado la imputación del comisario y ex jefe de la Oficina de Investigaciones U.R. II de esa ciudad Juan Carlos Acevedo. Asimismo, están imputados falsedad ideológica, por haber consignado información falsa en las actas de la comisaría.

Maqueda además ordenó el embargo del comisario Acevedo por $100.000 y por $80.000 para Acosta, Colautti, Coria, Lemos y Díaz.

A fines de septiembre, el entonces juez subrogante Raúl Alberto Rodríguez había procesado a los policías por tres secuestros coactivos y un caso de apremios ilegales, con excepción de Acevedo, sobre quien restaba el pronunciamiento requerido por el fiscal. En aquel momento, el magistrado interinamente a cargo del Juzgado Federal de San Luis había resuelto que el caso de Guilmart se trataba de apremios ilegales.

Según el dictamen que había presentado el fiscal Rachid, los policías habían orquestado un "plan criminal" que tuvo "el exclusivo propósito de obligar" a las víctimas "a hacer algo contra su voluntad, esto es, suministrar información precisa" de los lugares en donde se encontraba resguardado "sustancia estupefaciente y dinero" que finalmente "resultó secuestrada acaso sólo en fracción merced a una orden de allanamiento de la justicia provincial que los imputados diligenciaron y obtuvieron invocando información falsa sobre la existencia en los domicilios allanados de supuestos bienes provenientes de delitos contra la propiedad".