El viernes, comenzó un juicio oral y público contra una banda integrada por seis personas acusadas de captar y trasladar al menos 16 víctimas en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual en tres prostíbulos ubicados al sur de la provincia de San Luis. Además, habrían sometido a las mujeres en condiciones de hacinamiento. Solo uno de ellos llega a esta instancia detenido.

Durante la investigación, se determinó que la red habría tenido un sistema de “rotación” respecto a las víctimas y los tres locales nocturnos, denominados “Tamy”, “Tamara” y “Tamy y Tamara”. Los imputados son los dueños de cada boliche y sus respectivos colaboradores. En octubre de 2012 se realizaron los allanamientos en los tres locales nocturnos y como resultado 16 mujeres fueron rescatadas. Además, en esa oportunidad se pudo dar con los seis imputados en la causa. En el interior de los locales se logró el secuestro de preservativos, un arma de fuego, bebidas alcohólicas, cinco proyectiles, pulseras de metal y de soga, y los libros de “pases”.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Cristian Rachid, quien el 22 de junio de 2015 requirió la elevación a juicio. En el debate oral, interviene la fiscal federal Mónica Spagnuolo.

El caso

La investigación se inició en marzo de 2012 y derivó en los allanamientos que se llevaron a cabo en los tres prostíbulos el 6 de octubre de ese mismo año. En el local nocturno denominado “Tamara”, ubicado en el la localidad de El Bagual, fueron encontradas cinco víctimas: una de ellas oriunda de la provincia de Córdoba, otra de Tucumán y el resto de la ciudad sanluiseña de Villa Mercedes. Además, se pudo dar con el dueño del local y un empleado. Adentro del lugar, se comercializaban bebidas alcohólicas “con o sin compañía” de mujeres.

Por otro lado, del prostíbulo “Tamy”, ubicado en la localidad de Buena Esperanza, fueron rescatadas seis víctimas y otras dos personas resultaron detenidas: la dueña y un colaborador. Por otra parte, también se pudo dar con la presencia de un hombre que oficiaba de seguridad en el exterior del boliche vestido con un uniforme incompleto de policía. Al ser consultado, dijo que era un policía “retirado” de la provincia de Córdoba.

Finalmente, el tercer prostíbulo allanado fue el denominado “Tamy y Tamara”, también ubicado en la localidad de Buena Esperanza. Allí fueron rescatadas otras seis víctimas: una de ellas oriunda de Paraguay, una de la ciudad cordobesa de Río Cuarto  y las restantes de la provincia de San Luis. Al igual que en los otros boliches, fue encontrado el dueño y una colaboradora.

Los tres locales poseían anexos continuos que conectaban a distintas habitaciones donde se llevarían a cabo los denominados “pases” y donde las víctimas vivirían en condiciones de hacinamiento. Sin embargo, en el boliche “Tamy y Tamara” se pudo observar que esos dormitorios y baños contaban con rejas en sus ventanas. Asimismo, el local contaba con un certificado de habilitación emitido por la municipalidad de esa localidad.

Según la declaración de la mayoría de las mujeres rescatadas, el engaño incluía la cobertura del traslado de las víctimas, ya sea personalmente o en una camioneta Traffic contratada por los tratantes para tales fines. Sin embargo, una vez en el lugar debían hacerse cargo de la compra de los alimentos, de los costos del traslado y solo podían quedarse con el 70% del valor de los denominados “pases”. De esta manera, las víctimas debían “proveer servicios sexuales” a terceros a fin de costear esos “gastos” y los tratantes ponían en marcha “estrategias de coerción” para asegurarse “la sujeción” de las mujeres explotadas.

Por otro lado, las víctimas señalaron que los tratantes contaban con un sistema de pulseras de metal o de soga, las cuales eran provistas por personas dentro del prostíbulo para indicar los tragos y/o cantidad de “pases” realizados.