Ayer, el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín dio a conocer los fundamentos de la sentencia mediante la cual habían condenado a dos hombres a las penas de 12 y 13 años de prisión, respectivamente, por el secuestro extorsivo de otros dos jóvenes ocurrido en el 2013. La pena además incluyó otros dos delitos vinculados al secuestro. El primero fue el robo de una camioneta 4x4 utilizada para el secuestro de los jóvenes, mientras que el otro fue la adulteración de documento público.

Durante su alegato, el fiscal general Alberto Gentili -quien solicitó 14 y 16 años de prisión, respectivamente- precisó que el 17 de marzo de 2013, alrededor de las 6:20, las dos víctimas circulaban a bordo de un Alfa Romeo Mito, “por el Ramal Tigre de la Autopista Panamericana en dirección norte, con destino en el Complejo Nordelta, partido de Tigre, cuando poco después de pasar las cabinas de peaje fueron interceptados por un vehículo marca Audi Q5 que los colisionó. De ese rodado descendieron varias personas armadas quienes los obligaron a bajar del Alfa Romeo y a subirse en la camioneta, golpeando fuertemente a [uno de los jóvenes], reanudando la marcha en el vehículo de mayor porte. Así, privados de su libertad, circularon unos quince minutos, momento en el cual estacionan sobre una banquina y los cambian de automóvil, a uno más pequeño. Es en ese momento también cuando los primeros sujetos -que por su forma de hablar parecían argentinos- entregan a los secuestrados a otro grupo, que también hablaban español pero con una tonada centroamericana, según referencias de las víctimas, pudiendo afirmarse a partir del desarrollo de los sucesos que eran de origen colombiano”.

Las víctimas continuaron viajando alrededor de 20 minutos más en el Audi, hasta que los captores se detuvieron y los obligaron a descender para ingresar a una finca. Allí fueron esposados, los obligaron a sentarse y finalmente les cubrieron la cabeza. Mientras tanto, la banda negociaba los términos de la entrega con la madre de una de las víctimas. Entre otras cosas, le exigieron que concurra al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para comprar un pasaje a Medellín, Colombia, en la aerolínea Copa, lugar del que la mujer regresaría una vez que tuviesen en su poder el dinero que le exigían. Sin embargo, el viaje no se concretó.

Finalmente, ambas víctimas fueron liberadas en horas de la mañana del 18 de marzo, en la localidad de La Reja, partido de Moreno.

Durante el cautiverio, a los jóvenes les robaron sus pertenencias, sumado a que a uno de ellos, le quitaron las llaves de su departamento, ubicado en Nordelta, de donde sustrajeron una valija con unos 200 mil pesos.

Por otra parte, quedó demostrado que el Audi que emplearon para secuestrar a las víctimas había sido robado dos días antes, en la localidad de Vicente López. Al dueño de ese auto, además, le robaron todas sus pertenencias.

El juez Daniel Cisneros, quien redactó el voto al que sus colegas Daniel Petrone y Diego Leif Guardia adhirieron, también destacó “el camino argumental elegido por el Sr. Fiscal General”, al que siguió en la fundamentación del fallo, “pues me resulta imposible superar su claridad”.

De esta manera, tras analizar todos los pormenores que conectaban a los imputados con las víctimas, el tribunal indicó que “ambos [condenados] se conocían del barrio, ambos intervinieron en hechos delictivos similares a los hoy juzgados, en actuación conjunta que a partir del tenor de las conversaciones citadas aparece como habitual, uno de ellos compró un rodado a escasos días del hecho, pagando al contado y sin contar con trabajo conocido, el otro en tanto intentó fugarse cuando se acerca la policía, y si además eran los usuarios de los teléfonos celulares que sin lugar a dudas utilizaron los autores de los hechos […] -en este caso en el primer momento de su desarrollo, integrando el grupo que interceptó a las víctimas y luego las entregó a otro-, no surgen dudas de que resultan ser coautores de estos”.