A pedido del fiscal federal Jorge Gustavo Onel, el titular del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, dispuso el embargo preventivo y otras medidas cautelares respecto de una gran cantidad de inmuebles que resultan propiedad de los hermanos Diego Martín Mustafá y de Carina Verónica Mustafá, que se sospecha provienen de actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico. También ordenó el secuestro de tres vehículos, uno de ellos de alta gama, que se efectivizó esta semana. Las medidas fueron dispuestas con carácter previo a las declaraciones indagatorias de ambos imputados.

La causa se inició en 2016 por presunta infracción a la ley de estupefacientes. La Fiscalía Federal logró establecer, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, la existencia de un delito precedente vinculado al tráfico de estupefacientes, y de un delito de homicidio, por los que Diego Martín Mustafá resultó condenado en el año 2007, así como también la existencia de vinculaciones entre el nombrado y varios miembros de una organización encabezada por la familia Maldonado, que operaban en el barrio Barranquitas de esta ciudad y que  fueron procesados a mediados de este año por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cuyo producido era ingresado al circuito legal. Se encuentran actualmente detenidos con prisión preventiva.

La Fiscalía Federal, luego de ordenar el levantamiento del secreto fiscal del nombrado Mustafá y de su grupo familiar, y de llevar a cabo una amplia investigación patrimonial, pudo establecer la existencia de una considerable cantidad de vehículos y de bienes inmuebles a nombre de los imputados, además de cuantiosas acreditaciones en cuentas corrientes, así como la inexistencia de actividades lícitas que pudieran justificar de manera legítima su pertenencia.

El hombre imputado no registra actividad económica alguna y su hermana, también imputada, está inscripta en una actividad comercial de pequeña envergadura, que no es compatible con la cantidad de inmuebles que posee registrados a su nombre.

En base a ello, se ordenaron una serie de medidas preventivas tendientes a lograr el posterior decomiso de los bienes, entre las que se destacan el embargo preventivo y el secuestro de tres vehículos a nombre de Diego Martín Mustafá (uno de ellos de alta gama, que fue efectivizado el martes último por personal de la Gendarmería Nacional), y el embargo de siete inmuebles (tres casas en Santa Fe y cuatro lotes de terreno en Arroyo Leyes, todos ellos de dimensiones mayores a los 500 metros cuadrados) que se encuentran a nombre de su hermana Carina Verónica Mustafá, respecto de quien, al no tener una condena anterior, se sospecha que cumplió el rol de testaferro para asegurar el provecho de las  actividades ilícitas de su hermano. Asimismo, también se ordenó la prohibición de salida del país de ambos imputados y la inhibición general de bienes de Diego Martín Mustafá.

Según las informaciones de los organismos de recaudación fiscal que fueron obtenidas en la causa, Diego Martín Mustafá no registra actividad económica alguna (en la causa en la que resultó condenado, refirió ser “changarín”), mientras que su hermana registra una actividad comercial de pequeña envergadura, que se entiende no es compatible con la cantidad de inmuebles que posee registrados a su nombre.

La investigación da cuenta de que el imputado, condenado en 2007 por homicidio, tiene vinculaciones con un grupo de personas actualmente detenidas por comercialización de estupefacientes.

En su dictamen, el fiscal federal consideró que el lavado de dinero, al que definió como comprensivo de aquellas actividades por las cuales los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal con la apariencia de haber sido obtenidos lícitamente, ha adquirido en las últimas décadas una enorme envergadura, convirtiéndose en un peligro concreto de orden universal, provocando serios daños al sistema económico – financiero, estimándose que a nivel global los fondos objeto de blanqueo alcanzarían un monto que se estima de entre el 2 y el 5 por ciento del total del PBI mundial. Por lo tanto, se consideró que el dictado de las mencionadas medidas cautelares con fines de decomiso se enmarcan dentro de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino para prevenir y reprimir esta modalidad de criminalidad compleja.

El caso presenta como particularidad que las medidas cautelares fueron ordenadas antes de la declaración de los imputados, con fundamento en normas penales y procesales que las autorizan. En ese sentido, el artículo 23 del Código Penal establece que se podrá “adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y de todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relaciones con los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer”. Si a partir de la tramitación del proceso se ordena el decomiso definitivo de los bienes, los mismos serán destinados a “reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas o al Estado”, como lo prevé el artículo 305 del Código Penal.

Los hermanos Mustafá serán indagados el 28 de diciembre próximo por el delito de lavado de activos de origen ilícito cometido entre los años 2007 y 2016, tras lo cual el juez de la causa  resolverá sus situaciones procesales.