El titular de la Fiscalía Federal n°1 de Santa Fe, Gustavo Onel, solicitó que se declare la nulidad de un proceso judicial iniciado semanas atrás  a una mujer por presunta infracción a ley de estupefacientes, luego que se le secuestrara droga que llevaba en su vagina, en el marco de una requisa íntima llevada a cabo por personal penitenciario de la cárcel de Coronda. En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ese tipo de requisas constituye una práctica degradante de la dignidad humana y del sistema de derechos humanos internacionalmente reconocido, “ya que no se advierte que los funcionarios públicos hubieran actuado bajo el amparo de sospecha razonable de la comisión de un delito o de circunstancia alguna que excepcionalmente pudiera justificar una diferente ponderación de intereses”.

El hecho tuvo lugar el 20 de febrero pasado cuando C.A.M. concurrió al Instituto Correccional Modelo –Unidad Nro. 1 Coronda- con el objetivo de visitar a un interno. En esa circunstancia, personal de dicho establecimiento secuestró desde el interior de su vagina un preservativo que contenía dos envoltorios de nylon con un peso aproximado de 6 y 7,1 gramos de clorhidrato de cocaína, respectivamente.

Al emitir su opinión, la Fiscalía recordó que este tipo de procedimientos han sido cuestionados por distintos organismos internacionales, entre los que se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en un informe de 2011, señaló que “el empleo de registros corporales a las personas privadas de libertad y a sus visitantes no deberán aplicarse en forma indiscriminada, sino que debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.  Además, deben practicarse en condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo sexo, y deberán ser compatibles con la dignidad humana y con el respeto a los derechos fundamentales. Para ello, los Estados Miembros utilizarán medios alternativos que tomen en consideración procedimientos y equipo tecnológico u otros métodos apropiados […]. En cambio, los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos por la ley”. En efecto, el fiscal citó precedentes de la CIDH donde se concluye que una inspección vaginal, en un caso particular, sólo es legítima si se verifican una serie de requisitos, entre ellos: ser absolutamente necesario para lograr el objetivo legítimo en el caso concreto; no deben existir medidas alternativas; debe ser autorizada por orden judicial y realizada únicamente por profesionales de la salud.

Al emitir su opinión, la Fiscalía recordó que este tipo de procedimientos han sido cuestionados por distintos organismos internacionales.

Tras citar jurisprudencia local e internacional en la materia, la Fiscalía consignó que procedimientos como el cuestionado en el expediente podrían desalentar la visita a las personas privadas de la libertad, circunstancia que conlleva una restricción al régimen de visitas y un cercenamiento de derechos para los internos.

Casos recurrentes

En los últimos meses la Fiscalía Federal n°1 de Santa Fe dictaminó en cinco causas de similares características. En dos casos los procedimientos se llevaron a cabo en la cárcel de Las Flores, en tanto los tres restantes tuvieron lugar en Coronda. En algunas intervenciones se requirió al Juzgado Federal que, además del archivo de las actuaciones, se libre oficio a las cárceles y al Ministerio de Seguridad informando lo resuelto.

En dos de los casos mencionados, el Juzgado Federal resolvió de acuerdo a lo solicitado por el MPF y libró los oficios correspondientes a la cárcel de Coronda y al Ministerio de Seguridad.