29 de enero de 2023
29 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los uniformados habían entrado a una vivienda sin orden judicial
Santa Fe: pidieron la nulidad de un procedimiento policial por no respetar garantías
El fiscal federal Walter Rodríguez consideró que el allanamiento no respetó los requisitos que exige el Código Procesal para ingresar a un domicilio. Los policías, además, se habrían llevado del lugar dinero y distintos bienes.

El fiscal federal de la ciudad de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la de nulidad de un procedimiento realizado por la Policía de la Provincia que no habría respetado las garantías constitucionales que establecen la inviolabilidad del domicilio, durante el allanamiento sin orden judicial realizado en un presunto búnker de venta de drogas al menudeo.

En el año 2013, la Patrulla de Intervención Urbana, dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I de la Policía santafesina, había ingresado a una vivienda precaria de esa ciudad sin orden judicial. Los uniformados alegaron que perseguían a un hombre que, ante la voz de alto, habría entrado violentamente a una casa. Allí, se encontraban dos niñas de 12 y 14 años quienes, aparentemente, eran obligadas vender estupefacientes por una mujer mayor de edad apodada “Cuca”. A su vez, los efectivos manifestaron que las niñas eran obligadas a ejercer la prostitución, por lo que se dio intervención a la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas de esa fuerza de seguridad. Sin embargo, tanto de los testimonios de las niñas como de los especialistas que intervinieron en el caso no surgió que se haya estado frente a una situación de trata de personas con fines de explotación sexual ni de ejercicio de prostitución.

A partir de los testimonios de víctimas y de distintos testigos, se comprobó que la policía había ingresado violentamente al lugar y sin que se cumplieran con los requisitos que el Código Procesal Penal exige para que se proceda a un allanamiento sin que medie orden judicial. En ese sentido, Rodríguez sostuvo que “ninguna constancia independiente a la versión policial pudo verificar que un sujeto se haya ‘introducido’ en la casa allanada, siendo éste un requisito que la ley demanda para permitir el ingreso policial sin orden. La otra exigencia legal es que el perseguido debe ser imputado de delito, cosa que tampoco se logró probar”.

Por otra parte, a partir de que los policías ingresaron al domicilio, se habrían apoderado de dinero y bienes “como así también que el trato que recibían las menores era agresivo e intimidatorio, incluyendo la utilización de un vocabulario impropio para la edad y el género de las involucradas”. A raíz de ello, el representante del Ministerio Público solicitó la investigar el desapoderamiento ilegítimo de bienes y posible allanamiento ilegal.