El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, resolvió el procesamiento de los policías santafesinos  Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani por el delito de sedición, a raíz de los alzamientos protagonizados por la fuerza provincial en diciembre del año 2013. En tanto, procesó a Alberto Rubén Martínez por instigación a cometer delitos y desestimó la acusación en su contra por amenazas contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. El fiscal federal Walter Rodríguez apeló esa última decisión del magistrado.

El juez consideró, respecto de Martínez, que “se encuentra probado que el nombrado utilizó los espacios virtuales de la organización denominada ‘APROPOL’, formada por policías en actividad y retirados de Santa Fe para instigar a los distintos actores que se direccionaron al objetivo común de producir un alzamiento policial a fin de arrancar una medida o concesión del poder público municipal”.

Sobre la actuación de Abasto, Patiño y Pagani, entendió que  éstos “se habrían movilizado en forma organizada y conjunta- con la intervención de terceros aun no identificados- y contribuyeron con sus aportes individuales al alzamiento de la policía provincial a la que pertenecen, lo que derivó, días más tarde, en el arrancamiento de una medida o concesión del poder público provincial relativa al mejoramiento de las condiciones laborales del personal de seguridad”.

Amenazas al gobernador

Respecto de los mensajes de texto que recibió al tiempo de los hechos el gobernador santafesino, el magistrado entendió que  “a pesar de que los mensajes contengan manifestaciones notoriamente inadecuadas dada la investidura del receptor, no surgen anuncios de un mal inminente y grave para el Sr. Bonfatti o sus afectos o intereses”. Por ello, resolvió sobreseer a Martínez por el delito de coacción agravada.

El fiscal Rodríguez apeló esa decisión, subrayando que fue el mismo magistrado quien consideró a Martínez como instigador del alzamiento policial. Así, el representante del Ministerio Público sostuvo que “el significado que debe adjudicarse a la presión ejercida por Martínez sobre Bonfatti con el propósito de lograr mejoras laborales, se encontraba estrictamente vinculado a un claro escenario intimidatorio de tal magnitud que, incluso, no puede descartarse la idea de que haya existido un riesgo de desestabilización política, para el caso de no lograrse las concesiones pretendidas”.

En ese sentido, destacó que el requisito de “seriedad” que debe reunir la amenaza “se encuentra satisfecho a raíz de que el objetivo perseguido por los sediciosos fue cumplido, esto es, el arrancamiento de las medidas reclamadas fueron efectivamente otorgadas sin que existiese plena voluntad del concedente”.