La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario –integrada por la jueza Eleonora Pelozzi y los jueces Fernando Lorenzo Barbará y Carlos Carrillo- revocó el sobreseimiento de los ex jefes de la Unidad Regional I de la policía santafesina Sergio Vergara y Sergio Fernández, en el caso del camión con más de una tonelada y media de marihuana encontrado en la localidad de Arroyo Leyes, en noviembre de 2014. Ambos habían sido imputados por el juez de la causa, Reinaldo Rodríguez, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por maniobras que habrían realizado luego del hallazgo. El tribunal de alzada, a su vez, confirmó los procesamientos de Matías Ezequiel Zoratti, Claudia Rosana Moreira, Mauro Dionisio Ruoppulo, Fabián Manjka y Luciano Astrain en calidad de presuntos autores del delito de falsedad ideológica.

Según se desprende de la causa, en el procedimiento en el que se encontró el camión con más de una tonelada y media de marihuana, el personal interviniente habría dejado ir a las dos personas que transportaban el estupefaciente. Ambos están hoy detenidos y acusados del delito de transporte de estupefacientes. Además, se investiga la falsificación del acta del procedimiento.

El fiscal federal Walter Rodríguez, había apelado la decisión tomada por el juez Reinaldo Rodríguez. El representante del MPF acusó a los funcionarios policiales los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En ese marco, los ex jefes de la Unidad Regional I fueron imputados por el juez Rodríguez de disponer “medidas probatorias al margen de todo direccionamiento de este juzgado o del Ministerio Público Fiscal, en lugar de cumplir con el deber de aportar la información con la que contaban respecto a lo acontecido y de prestar la debida colaboración a las autoridades, sujetándose a las directivas como era su obligación en carácter de auxiliares de la justicia”. A su vez, se les imputó haber tomado conocimiento de “la presunta sustracción parcial del material estupefaciente inicialmente secuestrado, con la venia del personal policial actuante, lo cual en ningún momento fue denunciada […] sea en el informe elevado a la Dirección de Asuntos Internos o en su presentación conjunta”.

Para la jueza Eleonora Pelozzi “esta resolución exige un grado de plena certeza que no se verifica en este caso”. La magistrada sostuvo que “se puede afirmar con el grado probable que se exige en esta etapa, que el 3/11/2014 Fernández y Vergara al menos habrían tenido conocimiento de las irregularidades que se habrían cometido en el procedimiento llevado a cabo la noche del 2/11/14 y que pese a ello, no las comunicaron al fiscal ni al juzgado interviniente pero dispusieron medidas internas al margen de toda dirección judicial”. A su vez, el juez Carlos Carrillo sostuvo que “dicha certidumbre que es requisito imprescindible de un auto de esa naturaleza (el de sobreseimiento) se aprecia inexistente en este caso a poco que se tome en cuenta que breve tiempo antes de sobreseer el a quo consideró que había prueba que configuraba la sospecha que lo determinó a tomar las indagatorias pero, sin que se agregaran nuevos elementos de criterio que pudieran modificar aquella situación, se pronunció desafectando definitivamente del proceso a los nombrados. De tal forma canceló absoluta e indebidamente la posibilidad de ahondar la investigación”.