26 de abril de 2024
26 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Lo requirió el fiscal federal Pedro Simón
Santiago del Estero: pidieron el procesamiento de cinco personas por defraudación al PAMI
Las maniobras harbían consistido en el llenado de recetarios falsos con prescripciones de medicamentos a beneficiarios de la obra social fallecidos o que no los requerían, para luego retirarlos de farmacias y comercializarlos. El representante del MPF solicitó la detención preventiva de uno de los acusados y el secuestro de varios vehículos de alta gama.

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la semana pasada el procesamiento de cinco personas por los presuntos delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado Nacional y falsificación de recetas médicas, en perjuicio del Instituto Nacional de Seguridad Social de Jubilados y Pensionados (PAMI). Las maniobras consistirían en el llenado de recetarios falsos con prescripciones de medicamentos (insulina y tiras reactivas) a beneficiarios de la obra social fallecidos o que no los necesitaban, para luego retirarlos de farmacias y finalmente comercializarlos.

En el escrito presentado el 13 de junio pasado, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió el procesamiento de Teresa Acosta, Edgardo Rafael Alegre, Nelson Enrique Villalba, Miguel Ariel Rago y Walter Eduardo Rago por los delitos mencionados. A este último, lo identificó como el “jefe de la organización delictiva”, y requirió que sea detenido con prisión preventiva “dado que se mantuvo prófugo de la justicia durante largo tiempo, evidenciando la posesión de medios para facilitar la fuga”. Además, instó al secuestro de cuatro vehículos de alta gama -una VW Amarok, un Audi A4, un Mitsubishi Eclipse y un Alfa Romeo Giulietta- y una camioneta utilitaria Peugeot Partner, en la que se desplazaban algunos de los acusados.

Acosta y Alegre fueron detenidos a principios del mes de marzo, cuando intentaban cambiar recetas por medicamentos para la diabetes que son otorgados gratuitamente por el PAMI. Tenían en su poder casi veinte carnets de afiliados ya fallecidos. Con el avance de la investigación, la obtención de documentación en allanamientos y la presentación de un testigo de identidad reservada, el requerimiento de instrucción fue ampliado en dos oportunidades, alcanzando a Miguel Ariel y Walter Eduardo Rago -primos- y Villalba. El primero de ellos se presentó “sorpresivamente” cuando ni siquiera estaba imputado, porque había tomado estado público la detención de Acosta y Alegre, reseñó Simón.

El fiscal federal advirtió el “alto nivel de vida y situación económica evidenciada por Walter Eduardo Rago, con disposición de numerosos y costosos vehículos, construcción de una importante propiedad en la zona sur de esta ciudad,  sin que tenga actividad económica declarada, y en la empresa que figura como socio tiene una situación económica de quebranto con una cantidad importante de cheques rechazados y situación 5 (irrecuperable)”; respecto de Villalba, también destacó su situación económica a pesar de que “no se condice con su situación tributaria, ya que no está inscripto en impuesto o actividad alguna y solo tiene un quiosco”. La situación económica de ambos se habría incrementado en coincidencia con la fecha en que conocieron a Acosta y Alegre, con quienes registraron numerosas comunicaciones telefónicas, entre otros elementos probatorios recolectados.

Múltiples allanamientos en farmacias

En el marco de otra causa iniciada con una denuncia de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos cometidos en el ámbito del PAMI (UFI PAMI), anteayer se realizó en la misma provincia una serie de allanamientos en 18 farmacias. Los procedimientos tuvieron por objeto secuestrar la facturación quincenal que hacían en concepto de tiras reactivas e insulina  para afiliados del PAMI. De un primer análisis realizado por la Unidad Fiscal, se desprende, por ejemplo, que si bien el padrón de diabéticos de Santiago del Estero es de 100 personas, una sola farmacia facturó en un mes -en concepto de tiras reactivas- un 1.200.000 pesos.