Sobre una población carcelaria de 1600 personas, número que fluctúa día a día, que se hayan tramitado 550 documentos Nacional de Identidad, aún cuando 84 fueron para personal penitenciario, habla de casi un 30% del total de las personas privadas de su libertad sin su documento de identidad. En la mayoría de los casos, porque la policía lo retuvo al momento de la detención, o por haber “extraviado” en traslados dentro del circuito penitenciario. Las estadísticas surge del relevamiento que realizaron integrantes de la Mesa Contra la Violencia Institucional de Mar del Plata, que integra el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en coordinación con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

“Ha sido un gran trabajo articulado entre las organizaciones de la sociedad civil y varios estamentos del Estado. Espero que en el futuro sea el mismo Estado quien resuelva directamente este problema, porque resulta muy difícil la reinserción social de quien ni siquiera tiene un DNI, y la reinserción social de las personas privadas de libertad es una carga pública para evitar la reincidencia”, sostuvo fiscal federal coordinador del distrito Mar del Plata, Daniel Adler.

Durante el acto, el director de Derechos Humanos municipal e integrante de la Mesa, José Luis Zerillo, se expresó en el mismo sentido y habló de la “omisión del Estado” ante la carencia de los DNI de las personas privadas de su libertad. Luego, planteó la importancia de “no tener que llegar a este número tan importante”. “Se está trabajando en eso”, mencionó.

De la jornada, participaron también, la jefa del Servicio Penitenciario bonaerense, Florencia Piermarini; la defensora oficial general, Cecilia Boeri; el director del Registro Provincial de las Personas, Juan Manuel Cañete; el director provincial del Centro de Protección de Derechos de las Víctimas, Juan Martín Ramos Padilla; el juez del Tribunal Oral Criminal N°2, Roberto Falcone, y el fiscal de ejecución, Guillermo Nicora, entre otros.

La identidad es un derecho humano

“La Campaña ha tenido por fin garantizar la tenencia del Documento Nacional de Identidad de los/las privados/as de libertad, debido a que entendemos que el acceso al mismo reviste la calidad de derecho humano y a su vez opera materialmente como vehículo habilitante al efectivo ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales”, señalaron desde la Mesa contra la Violencia Institucional.

El primer objetivo fue relevar quiénes tenían y quiénes no, su documento de identidad. En ese marco, se le informó a cada persona acerca del derecho a la identidad y la importancia de contar con el DNI para acceder a planes sociales, escuela, universidad, etcétera.

“La mayoría de los detenidos que accedieron a realizar la encuesta no contaba con su DNI ya sea por haber sido retenido por la policía al momento de la detención o por haberlo ‘extraviado’ en traslados dentro del mismo circuito penitenciario. A su vez, un número importante de detenidos manifestó que su DNI se encontraba en posesión la Jefatura del penal con demás elementos personales”, revelaron desde la Mesa.

Por otro lado, la campaña de identificación fue enriquecida al incorporarse el elemento educativo entre los indicadores de la encuesta, para adquirir datos que reflejen el nivel de estudio dentro de la población carcelaria.

Finalizado el relevamiento, se dio cuenta además de las condiciones de detención. “Constatamos que los privados de la libertad se encuentran en condiciones de detención inhumanas y degradantes, inmersos en pabellones carentes de luz y agua, condiciones edilicias precarias, carentes de ámbitos higiénicos de habitabilidad y en el caso de máxima seguridad en situación de aislamiento (engomados) sin justificativo aparente”, describieron.

Con el derecho a votar

Esta entrega de DNIs se da en el marco del primer fallo en la Provincia de Buenos Aires por el que se autoriza a los condenados a votar, tras una presentación ante la Justicia de la Comisión Provincial por la Memoria en octubre de 2013. Así, lo resolvió el juez Juan Galarreta, quien declaró inconstitucional el artículo de la ley electoral que prohibía el voto a condenados.

El escrito presentado por la Comisión buscaba declarar la inconstitucionalidad de los artículos 19 inciso 2 –en función del artículo 12 de del Código Penal- que refiere a la privación del derecho electoral en función de la “inhabilitación absoluta” por reclusión y prisión por más de tres años; y el artículo 3 (2 c, y 3 a y g) de la ley 5109, que establece que la prohibición de votar también a condenados.

De esta manera, el magistrado dispuso su incorporación al padrón electoral a los fines del ejercicio del voto en las próximas elecciones municipales, provinciales y de consejeros escolares, conforme a su último domicilio previo a la detención.