Tras la feria judicial, hoy se reanudó en los tribunales federales de Comodoro Py el juicio por el supuesto pago de sobresueldos durante las presidencias de Carlos Menem, quien es juzgado junto a los ex ministros de Economía, Domingo Cavallo y de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, entre otros acusados. Durante la audiencia, declararon un secretario privado del Ministerio de Defensa y el contador Alfredo Popritkin, quien elaboró peritajes como integrante del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un informe técnico durante la etapa de instrucción de la causa.

Popritkin describió el mecanismo previsto en el decreto/ley 5315 de 1958, que determinaba el régimen contable para los fondos reservados, los organismos que en un comienzo podían percibirlos y su modo de acreditación. La hipótesis es que los montos para el pago de los sobresueldos se tomaron de allí, a raíz de que su régimen especial dificultaba el control estatal y permitía disponer del dinero en efectivo. En ese sentido, cabe recordar que semanas atrás el secretario privado de Granillo Ocampo Roberto Martínez Medina aseguró: “Ponían el dinero en un sobre delante de mí”.

Para el contador, los fondos reservados “no alteraban el funcionamiento de los ministerios. Ingresaron para ser utilizados para otra cosa". Además, agregó: "Me pareció que el destino pudo haber sido los sobresueldos, por testimonios en la causa”. A modo de ejemplo, señaló que los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) “no necesitaban el dinero para funcionamiento propio. Salían, no sabemos a dónde”.

Asimismo, indicó que al momento de realizar el informe accedió a constancias que daban cuenta de que ingresaron los fondos, pero no respecto a qué destino se le habían dado. “¿Dónde estaban los comprobantes y registros? No había”, razonó. Ante una pregunta de los fiscales Stella Maris Scandura, Juan Patricio García Elorrio y Juan Manuel Gaset sobre si sabía si las partidas eran aprobadas por ley, respondió: “Sí y no. Había ampliaciones [con el correr de los años] por cifras muy significativas, no aprobadas por ley, de 5 cinco o seis millones por ejemplo”.

Para eso “era imprescindible una planificación, puesta en marcha y directivas. No fue un solo hecho”. En ese sentido, hizo referencia al dinero que habría tenido sustento en la Secretaría General de la Presidencia hasta 1994, y luego en la Jefatura de Gabinete.

En el debate oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°4, también están acusados los ex subsecretarios de Ordenamiento Ambiental Raúl Castellini; de Asuntos Militares Heriberto Baeza González; de Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa José Torzillo; de Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales Enrique Kaplan y el ex coordinador del Ministerio de Justicia José Coronel.