Por disposición del Juzgado Federal II de Lomas de Zamora y la Fiscalía N°2 fueron secuestrados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza 104 caballos de polo que iban a ser exportados a Nigeria. Los valiosos ejemplares iban a ser declarados como animales de paseo y de trabajo, pero dadas sus características y destino se sospechó que no era así; y que se trataba de una maniobra fraudulenta que consistía en declarar ante la AFIP un valor mucho menor al real.

El 4 de abril, la Aduana de Ezeiza informó a la Unidad de Investigaciones Financieras que la firma “UNLIMITED TRADE S.R.L.” con intervención de la despachante María Elina Marciano, oficializó las transacción de los animales que iban a ser vendidos al país africano. El Juzgado y la Fiscalía advirtieron que la sociedad poseía “inhibición general de bienes” y “congelamiento de cuentas”, y por procedió al secuestro y traslado de los caballos al depósito judicial en el SENASA.

Las hermanas María Elina y María Josefina Marciano son gerentes de la compañía y aparecían vinculadas con una causa por narcotráfico y lavado de activos a partir de movimientos sospechosos de la cuenta corriente de la sociedad que entre el 1° de enero y el 27 de agosto de 2010 recibieron 172.851 dólares de la firma colombiana FARA S.A., denunciada por intentar exportar drogas escondidas en un cargamento de muebles estilo Luis XV. El juez dictó la falta de mérito, pero la cautelar dictada el 19 de abril llamó la atención de las autoridades que alertaron sobre la operación con los caballos.

En dialogo con Fiscales, el representante del Ministerio Público, Adrián García Lois, sostuvo que “resulta llamativo que las mismas empresas que aparecen vinculadas a hechos de narcotráfico y lavado de dinero, estén también relacionadas a evasiones tributarias, contrabando u otros delitos económicos, con lo cual se percibe claramente la utilización de la persona jurídica, no como instrumento para favorecer la actividad productiva y comercial, potenciando la actividad económica del país y mejorando en definitiva la situación laboral y bienestar social de la población, sino como un instrumento o pantalla para maximizar ganancias y enriquecerse mediante la comisión de delitos económicos de dificultosa sustanciación”.

García Lois concluyó que “en este caso podemos observar la necesidad de una reforma del Código Penal tendiente, entre otras cosas, a desactivar esta clase de hechos ilícitos, que con los actuales normas, suele ser difícil la determinación de responsabilidad de las personas físicas que se ocultan detrás de las empresas y suelen cometer los delitos más nocivos para la sociedad, que, paradójicamente, suelen ser los más invisibilizados”.