El fiscal de Cámara de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, se expidió en un expediente de amparo presentado por la apoderada del represor Luis Esteban Kyburg, quien se encuentra prófugo de la justicia e imputado por delitos de lesa humanidad. La abogada del ex segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y jefe del Departamento Pesonal, Operaciones y Logística de esa agrupación Luis Esteban Kyburg había manifestado que al momento de presentarse en el banco para percibir los beneficios previsionales del militar, le informaron que las cuentas se encontraban bloqueadas. De Vedia consideró que el Estado debe evitar solventar la condición de prófugo de Kyburg y arbitrar los medios necesarios para garantizar su cooperación frente a los requerimientos jurisdiccionales y que resulta prudente advertir que la reactivación de las cuentas y la correspondiente percepción del haber de retiro se encuentran supeditadas a la efectiva comparecencia del reclamante ante la justicia penal. Sostuvo que de él depende el restablecimiento de las prestaciones.
En acción de amparo contra el Estado Nacional, la apoderada había pedido que se ordene la reanudación del haber de retiro y de la Pensión honorífica que percibe Kyburg como veterano de la Guerra del Atlántico Sur y solicitó también el dictado de una medida cautelar que ordene a la Sociedad Militar de Seguros de Vida y al Banco de la Nación Argentina la inmediata reanudación del pago de los haberes reclamados. Sin embargo, el Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6 rechazó la medida cautelar por considerar que no se encontraron acreditados los requisitos necesarios para su procedencia. La apoderada de Kyburg apeló la resolución y a raíz de ello se dio intervención al fiscal.
Luis Esteban Kyburg se encuentra con un pedido de captura nacional e internacional desde el 11 de julio de 2013 en el marco de un causa por homicidio calificado en la que está siendo investigado por la comisión de delitos de lesa humanidad. El fiscal citó que en la causa por delitos de lesa humanidad, el magistrado penal interviniente convalidó una medida adoptada por la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la cual se dispuso el congelamiento administrativo de bienes y dinero de Kyburg hasta tanto se presente a estar a derecho. Esta información le fue suministrada al representante del MPF por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con sede en la ciudad de Mar del Plata dependiente de la Procuración General de la Nación. Por otra parte, la sección delitos de lesa humanidad del "Programa BUSCAR" (Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia) ofrece una recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan la detención de Luis Esteban Kyburg.
De Vedia agregó que "este tipo de disposiciones encuentran su fundamento no sólo en la legislación nacional sino en los distintos instrumentos internacionales que obligan a los Estados miembros a investigar, perseguir y condenar a quienes hayan perpetrado delitos de lesa humanidad. La obtención de la verdad y la justicia debe guiar la actuación de la judicatura, máxime en casos como los de autos en donde, por el peso de los acontecimientos históricos, la sociedad tiene un fundamental interés en su esclarecimiento".
El fiscal de la Seguridad Social sostuvo también que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había dictaminado que "con el fin de honrar de la manera más profunda los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro Estado, los tribunales nacionales deben también hacer el máximo esfuerzo por cumplir la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de Derechos Humanos".
Gabriel De Vedia concluyó que el deber de no impedir la investigación y sanción de las graves violaciones de los derechos humanos, como toda obligación emanada de tratados internacionales y de otras fuentes del Derecho Internacional, no sólo recae sobre el Poder Legislativo sino sobre todos los poderes del Estado y obliga, por consiguiente, también al Ministerio Público y al Poder Judicial a no convalidar actos de otros poderes que lo infrinjan y opinó que la conveniencia de la medida adoptada por el Juzgado Penal encuentra justificación en los distintos instrumentos internacionales precitados y en la gravedad de los delitos que se le imputan a Kyburg.