Leonel Gómez Barbella, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, solicitó el procesamiento de dos ciudadanos chinos acusados de tráfico ilícito de personas. Los dos imputados son dueños de dos supermercados ubicados en las localidades de Temperley y Monte Grande, en los que se pudo comprobar la presencia de varios trabajadores extranjeros procedentes de China y Bolivia en situación migratoria irregular.

La causa, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata de Personas (Protex), se originó cuando tres ciudadanos chinos solicitaron la ciudadanía por naturalización ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y declararon trabajar sin estar debidamente registrados  en sendos comercios. Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la realización de tareas investigativas en estos domicilios para establecer la posible existencia de una organización que se dedicara a facilitar el tráfico ilegal de personas, como también su posible vínculo con el delito de trata con fines de explotación laboral.

Las tareas arrojaron como resultado que en Temperley se encontraba un supermercado llamado “Dragón”, atendido por cuatro ciudadanos de procedencia china, junto a una mujer boliviana a cargo de la verdulería del local. La escena fue similar en Monte Grande en un mercado del mismo nombre, con el agregado de que en el primer piso del local se observó una vivienda en la que residían los ciudadanos de origen chino. De las tareas se pudo observar, además, que las personas de ambos comercios "no se encontrarían privadas de su libertad o a disgusto con su labor diaria". Ambas entidades estaban a nombre de un matrimonio de origen chino.

Tras tomar indagatoria al personal de ambos supermercados, para el representante del MPF se encontraban reunidos los motivos para señalar que los imputados facilitarían la permanencia ilegal en el país a ciudadanos chinos abusando de la necesidad de éstos con el fin de obtener un beneficio económico al acogerlos como trabajadores. La situación irregular que ostentaban los ciudadanos se encuentra corroborada con los informes labrados por el personal de la Dirección Nacional de Migraciones. Para Gómez Barbella, los imputados “no sólo tenían cabal conocimiento de que las personas que ‘empleaban’ se encontraban en el país de forma ilegal, sino que contribuyeron a su ingreso ilegal”.

En lo que respecta al beneficio económico de los acusados, este se encuentra dado por el abaratamiento de costos que les implicaba el poseer empleados no registrados, ya que así evadían el pago de aportes relativos a cargas sociales y de los seguros estipulados para cada rubro de trabajo. Para el fiscal, las circunstancias étnicas y/o culturales de las víctimas, así como su condición migratoria, los posicionaron en una situación de vulnerabilidad, tal como están entendidas en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Declaración Universal de la UNESCO.

Con estos antecedentes, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento de ambos imputados, como también que se libre oficio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que ponga en conocimiento de la situación procesal de los acusados al cónsul de su país de origen, a los fines que estime corresponder.