El fiscal Andrés Madrea, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 14, solicitó que se llame a indagatoria a funcionarios municipales que estuvieron involucrados en la habilitación del local "Beara", donde el 10 de septiembre de 2010 murieron dos jóvenes por el derrumbe de un entrepiso.

También pidió el procesamiento de Gustavo Enrique Amarú, el maestro mayor de obra que intervino en el trámite de habilitación del local, por ser partícipe necesario en el delito de "estrago doloso agravado por haber causado la muerte de dos personas".

Los llamados a declarar por el fiscal son: Martín Farrell, ex director General de Habitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Pablo Saikauskas, ex director de la Dirección de Habilitaciones y Especiales de la Dirección Habilitaciones y Permisos del GCBA; Norberto Cassano, Jefe del Departamento de Esparcimiento; Carlos Gabriel Mustapich, a cargo de analizar la documentación presentada en el marco del expediente y verificar que se ajustara al régimen de habilitaciones; Isaac Rasdolsky, arquitecto encargado de verificaciones y habilitaciones;  Leandro Camani y Matías Pantarotto, quienes intervinieron en el trámite de habilitación como intermediarios y/o gestores.

E fiscal afirma que desde el inicio de la planificación misma del negocio, por parte de los socios de “El Viejo Sabio” (empresa dueña del boliche), se consideró la obtención de la habilitación comercial a toda costa, "sin escatimarse en la utilización de todos los medios que disponían y que desde el origen su intención fue funcionar como local de baile clase c".

El pedido de indagatoria se basa en las nuevas pruebas encontradas durante el año pasado, entre las que se destacan la recuperación de varios archivos de Word de un disco, realizada por personal de Área Especial de Investigaciones Telemáticas de Policía Metropolitana.

Según presume la fiscalía, uno de esos documentos, registrado bajo el nombre “Habilitación”, fue utilizado como modelo para sobre él proyectar los pasos a seguir, trámites a los que dar cumplimiento y gastos que demandaría la puesta en funcionamiento del local “Beara”. Al pie del documento se puntualiza como forma de pago los gastos de “comisión y cometa” y se asienta el interrogante respecto de en qué momento debían ser abonadas.

En el escrito presentado por el fiscal también se menciona a otro documento del que ya disponían y se transcribe parte de él: “La idea es tener la de bar (en referencia al rubro por el cual tramitarían habilitación) así podemos abrir e ir tramitando la de local clase C".

Madrea considera que los medios que pusieron en práctica los dueños de Beara se tradujeron en "encontrar en los funcionarios actuantes terreno fértil para acordar la concesión de las autorizaciones que fueran necesarias para el funcionamiento a cambio de importantes sumas de dinero".

En la presentación también se cita parte de las declaraciones de testigos sobre las condiciones edilicias del local, especialmente de la construcción del mantenimiento del entrepiso que se derrumbó.

El fiscal hace hincapié en la participación de todos los integrantes de “El Viejo Sabio” en el negocio y la decisión que tomaron de manera conjunta respecto de confeccionar o construir el entrepiso sin contar con el asesoramiento. También en el conocimiento de los mismos acerca del "paulatino y progresivo deterioro de la estructura"