El fiscal federal Jorge Di Lello, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº1, impulsó la acción penal contra el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el titular del Juzgado Federal Nº11 Claudio Bonadío en el marco de la causa “dólar a futuro”. La causa se inició a partir de una denuncia realizada por diputados nacionales del FPV.

En su dictamen, el fiscal federal señaló que  Sturzenegger, oportunamente,  le había solicitado al juez federal Bonadío – en el marco de la causa que tramita ante su juzgado- le informara si existía “alguna restricción o limitación (…) a la que tuviere que atenerse” ya que debía actuar con la mayor premura para resolver “la actitud a adoptar ante los adquirentes de los contratos a término, en las operaciones realizadas a partir del 15 de octubre de 2015”. Sobre esta consulta, y según surge de la presentación, el magistrado instructor respondió que en las mencionadas actuaciones no se había “dispuesto medida restrictiva alguna (…)”.

Los denunciantes solicitaron que se investigue una posible “administración infiel en perjuicio de la administración pública, al haberse modificado las condiciones en que fueron celebrados los contratos denominados de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares;  abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por parte de quienes participaron y/o encubrieron el episodio típico referido; prevaricato por parte del Juez interviniente (y) tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad.”

En su escrito, el representante del MPF solicitó al juez Sergio Torres diversas medidas de prueba,  entre ellas, la nómina completa de las personas físicas y/o jurídicas que vendieron sus tenencias de dólar a futuro, llamó a prestar declaración testimonial a varios funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Nacional, y ex presidentes del Banco Central de la República Argentina.

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