El fiscal Federico Delgado, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 6, impulsó una denuncia para que se investiguen las negociaciones desarrolladas en vistas a lograr un acuerdo con los holdouts, como se denomina a aquellos acreedores que no entraron a las reestructuraciones de deuda llevadas a cabo en 2005 y 2010. En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se libre un pedido al jefe de Gabinete de la Nación para que “de inmediato” ponga a disposición “todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente estén vinculados a la cuestión de los ‘fondos buitres’, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo”.

Asimismo, solicitó a la justicia que se le encomiende a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y a la Universidad Torcuato Di Tella la designación de un experto por cada una de ellas, “para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154”.

De este modo, Delgado dio impulso a la denuncia presentada por los abogados Eduardo Barcesat, Arístides Corti y Jorge Cholvis, quienes habían pedido que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por U$S 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, "mientras que para los 93% que sí lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, 30.000 millones de dólares”.

“En cierto modo, afirman que si ello es así, se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas plasmadas en la ley 27.707”, señaló Delgado en su dictamen.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nº7, a cargo de Sebastián Casanello