21 de julio de 2024
21 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4
Solicitaron enjuiciar a los arquitectos y responsables de una obra en la que murió un obrero al caer por el hueco de un ascensor
Los imputados incumplieron los deberes y recaudos de su profesión para evitar que los obreros utilizaran los elevadores que estaban siendo instalados. Podrían extender la investigación a los instaladores del ascensor y a los inspectores del GCBA.

La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4, Cristina Caamaño Iglesia Paiz, solicitó que los arquitectos Eduardo Aníbal Ramírez y Alejandro Adobatto y que Miguel Lucas Glastra y Jorge Mollo Vargas sean sometidos a juicio oral por el homicidio culposo del operario Alejandro Darío García, quien falleció al caer en el hueco de uno de los ascensores de la obra donde trabajaba, en la calle Honorio Pueyrredón 905.

El hecho investigado ocurrió el 15 de junio de 2015, alrededor de las 15:30, cuando García trabajaba en el piso 11° y al dirigirse a tomar el ascensor cayó por el hueco del mismo, e impactó contra el techo del habitáculo, que se encontraba detenido en el 5° piso. García falleció por politraumatismos, contusión y hemorragia encéfalo meníngea.

En su requerimiento, la fiscal les imputó a Ramírez, Adobatto, Glastra y Mollo Vargas ser autores del delito de homicidio culposo por cuanto, al ser los encargados de ejecutar, controlar y dirigir la obra, omitieron observar los deberes y reglamentos a su cargo y no prohibieron ni impidieron que el elevador –que se encontraba en proceso de instalación- fuera utilizado por otros operarios que no fuera aquellos que se encargaban de su montaje, ya que las puertas externas podían abrirse de forma manual desde los pisos 3°, 6°, 10° y 11° cuando la cabina no se hallaba en el lugar.

Asimismo, la fiscal Caamaño solicitó la extracción de testimonios, a fin de establecer las posibles responsabilidades de los instaladores del ascensor, por no haber arbitrado los medios para impedir el uso de los elevadores que estaban en fase de prueba. Según la representante del Ministerio Público, “resulta indispensable determinar si, desde su ámbito organizacional, aquellos avalaron que los elevadores en proceso de montaje fueran utilizados por los obreros, o bien sí esto sucedió sin que tuvieran efectivo conocimiento de tal circunstancia –posiblemente en su ausencia-“.

Por otra parte, también requirió profundizar la pesquisa respecto de los inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que deberían haber inspeccionado la obra. Ello por cuanto, de la documentación recopilada se desprende que no se habrían realizado inspecciones desde febrero de 2015 y la fecha del suceso.