El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca solicitó hacer lugar a los recursos de Casación presentados por la Defensoría Pública Oficial y por el fiscal general de Tucumán en el marco del hábeas corpus preventivo - que había sido desestimado por el Juzgado Federal de Santiago del Estero- presentado por un hombre y una mujer a quienes les habrían requisado su vehículo sin ninguna investigación en trámite contra ellos.

La presentación del hábeas corpus surgió a partir  del acoso y las amenazas a la libertad sufridas por un hombre y una mujer, por parte de dos Sargentos de la Policía Federal. Éstos se habrían presentado en e l local comercial de los recurrentes, “con actitud amenazante y junto a dos supuestos testigos, requisaron –sin motivos- el vehículos de los accionantes”. Las visitas de los policías, sin motivo alguno, continuaron en varias oportunidades.

Javier De Luca entendió que los recursos son procedentes cuando, de cualquier manera, “la libertad se encuentra restringida sin derecho o amenazada. Aquí, no caben dudas que está amenazada, pues lo que en la causa penal se resuelva  por los hechos allí denunciados, no va a detener la actitud lesiva que se continuó cometiendo con posterioridad.  Son dos cosas bien distintas que el juez y la Cámara no pudieron discriminar cuando resolvieron en contra de los accionantes”.

El fiscal general explicó que el hábeas corpus preventivo “procede ante indicios vehementes de una futura privación de la libertad, es decir, razones fundadas para creer la existencia de la amenaza, o la presencia de una seria posibilidad de un acto coactivo  sin razones legales”. Y agregó que en  este caso existen pruebas que muestran “con verosimilitud la presencia de actos hostiles sin razón o motivo aparente alguno por parte de funcionarios públicos contra los aquí accionantes”.

La acción de hábeas corpus fue desestimada por el Juzgado Federal de Santiago del Estero. Contra esta resolución  la Defensoría Pública Oficial interpuso recurso de apelación y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió confirmar la resolución apelada.