El fiscal Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 7, solicitó investigar a varios funcionarios del Consejo de la Magistratura, incluido el ex titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Administración General del Poder Judicial, Germán Krieger  por posible administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La causa se inició a raíz de una denuncia realizada por el presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans. En su presentación,  surge que durante el mes de enero de este año recibió copias anónimas de dos expedientes del Consejo de la Magistratura donde se detallan el estado de situación de diversas obras públicas. Para el denunciante, “tales expedientes permitirían acreditar la existencia de prácticas corruptas, en la administración de los recursos presupuestarios del Poder Judicial de la Nación en materia de obra pública”.

En la denuncia, Monner Sans explicó que a partir de testimonios brindados por personal de la Dirección General de Infraestructura Judicial  (DGIJ) del Consejo de la Magistratura “se denuncian situaciones irregulares vinculadas con la tramitación de los expedientes de obras públicas , las presiones a las que fueron sometidos profesionales y técnicos de la DGIJ, la forma irregular en la que se llevó adelante el trabajo, la existencia de órdenes verbales que no mantenían relación jerárquica con los profesionales  y técnicos de la DGIJ, la coerción de la que habrían sido víctimas por la negativa  a suscribir certificaciones de avance de obra, el relevo de profesionales del ejercicio de la función de dirección por negarse a ejercerla con los condicionamientos impuestos por la superioridad y presiones que las empresas contratistas ejercieron sobre los profesionales y técnicos de la DGIJ, todo lo cual llevaría a que pocas obras se finalicen en tipo y forma”.

Entre las irregularidades, Ricardo Monner Sans mencionó  las obras de Inmigrantes y en las que participó la empresa “Casago”. Asimismo,  enumeró  aquellas  que se encuentran paralizadas, destacando el “Centro Judicial de Posadas”.

En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la apertura de la investigación y solicitó varias medidas  de prueba. La causa está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.