El fiscal Leonel Gómez Barbella, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, solicitó la elevación a juicio oral de la causa seguida a personas acusadas de integrar una organización criminal que llevaba adelante distintos tipos de delitos como extorsiones, sustracciones de vehículos y coacción a prestadores de servicios que desempeñaban su trabajo en el Barrio 21-24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los cinco imputados están involucrados también en el homicidio de un trabajador que se encargaba de la instalación de Internet en la zona.

De acuerdo a la investigación realizada por el fiscal Gómez Barbella junto al auxiliar fiscal Patricio Medina Torre y con la intervención del secretario adjunto Gonzalo Raúl Arrieta, los hombres conformaron una asociación ilícita que funcionó al menos desde el 21 de abril de 2019 hasta el 3 de noviembre de 2021.

"En suma, parte de esta acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre Aldo Carballo Oliveira y Derlis Carballo Oliveira y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura del Barrio donde se desempeñaban (no se soslaya que uno de los sucesos acaecieron en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires), y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de un tiempo considerable, destinada a cometer múltiples delitos para obtener ilegítimamente y de forma deliberada montos dinerarios", resaltó el MPF.

“Se ha acreditado la materialidad de las maniobras pesquisadas y la responsabilidad atribuible a cada uno de los encartados, así como también, la estrecha vinculación que los unía, basada en una organización común, con clara división de roles, permanencia en el tiempo y pluralidad de planes criminales”, explicó la fiscalía.

"En el Barrio 21-24 operaba un grupo de personas, con acceso a armas de fuego, que se dedicaba, entre otras conductas, al comercio con estupefacientes y a extorsionar a las empresas que brindaban servicios en la zona”, señaló la fiscalía en base a los elementos probatorios.

Extorsión y asesinato

En el dictamen, se explicó que Derlis y Aldo Carballo Oliveira eran los jefes u organizadores de la banda junto con uno de sus hermanos que actualmente se encuentra prófugo. Como miembros fueron identificados otros tres hombres: Franco Aguirre, Nicolás Elías Juárez y Ángel David Ojeda. La investigación comenzó el 18 de mayo de 2020, cuando un integrante de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de dos personas heridas por arma de fuego en la intersección de las calles Luna y Cayastá, en el barrio de Barracas

A partir de allí, de acuerdo con la acusación, se pudo determinar que los cinco involucrados extorsionaron a dos hombres que realizaban trabajos de instalación de internet en la zona del Barrio 21-24 en la semana del 11 de mayo de 2020. Los imputados les exigieron la entrega de un porcentaje de la recaudación que percibieran por la prestación del servicio que instalaban, bajo la amenaza de que, si no lo hacían, “los cagarían a tiros”.

Para evitar represalias y por el conocimiento que tenían de los hombres, les ofrecieron el pago del 30 por ciento de la recaudación más tres puestos de trabajo para integrantes de la banda. Sin embargo, el 18 de mayo de 2020 cerca del mediodía los hermanos Carballo Oliveira se presentaron frente a las víctimas y les exigieron la entrega de por lo menos 200 mil pesos, lo que representaba más del 50 por ciento de la recaudación, algo que fue rechazado por los damnificados.

En ese momento, continúa la pieza acusatoria, se presentaron Aguirre, Juárez y Ojeda, que le entregaron a cada uno de los hermanos unas pistolas, con las que intimidaron a las víctimas. Como aún mantenían su negativa de aportar ese dinero, Aldo Sebastián Carballo Oliveira les disparó. Ambos fueron trasladados por un vecino al Hospital Penna donde, tras varias intervenciones quirúrgicas y veinticuatro horas de internación, uno de ellos falleció mientras que el otro permaneció internado 20 días.

Robos, extorsiones y tenencia de armas

Además de la figura de asociación ilícita, el homicidio y la tentativa de asesinato, la fiscalía consideró a los implicados responsables de otra serie de hechos delictivos. De acuerdo con la presentación, el 21 de abril de 2019 por la noche, los dos hermanos Carballo Oliveira junto con Aguirre cruzaron con su auto a un hombre que manejaba por las calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, en Avellaneda. Tras amenazarlo con armas, lo obligaron a bajarse de su vehículo para apoderarse de él, situación que aprovecharon para también robarle el celular.

El suceso fue observado por un policía que se encontraba en un restaurante cercano. Al dar la voz de alto, los implicados le dispararon y se dieron a la fuga en los dos autos. El vehículo robado fue hallado unas horas después en la calle Perdriel al 1600, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de este hecho, los representantes del MPF consideraron que el 19 de junio de 2020 cerca del mediodía, Juárez y Ojeda -en su rol de integrantes de la banda- extorsionaron a un empleado de la empresa “SN Comunicaciones” para que les abonara una suma de dinero a cambio de permitirle continuar con sus trabajos de instalación de servicio de internet. Durante esa secuencia, que se produjo dentro en una casa del Barrio 21-24, efectuaron cinco disparos en tono intimidatorio contra la camioneta que era utilizada por la víctima.

La fiscalía expuso que los cinco involucrados extorsionaron a dos hombres que realizaban trabajos de instalación de internet en el barrio y que les exigieron la entrega de un porcentaje de la recaudación bajo la amenaza de que, si no lo hacían, “los cagarían a tiros”.

Por último, se responsabilizó a Aldo Sebastián y Derlis Carballo Oliveira por la portación de una escopeta calibre 12, encontrada durante un allanamiento realizado el 3 de noviembre de 2021 por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina en conjunto con personal de la Seccional 7° de Quilmes. En esa ocasión, cuando el personal policial ingresó al inmueble, Derlis Carballo Oliveira salió de una de las habitaciones con el arma, la esgrimió y efectuó un movimiento para su carga, para luego ingresar corriendo a otra habitación. Durante ese procedimiento, se detuvo a los dos hermanos.

Calificación y modus operandi de la banda

“Con el devenir de la pesquisa se han glosado diversos testigos que resultan ser los reseñados en esta pieza procesal, que en su clara mayoría fueron coincidentes en que en el Barrio 21-24 operaba un grupo de personas, con acceso a armas de fuego, que se dedicaba, entre otras conductas, al comercio con estupefacientes y a extorsionar a las empresas que brindaban servicios en la zona”, señaló la fiscalía.

“Fue dentro de este contexto asociativo que los imputados llevaron a cabo todos los hechos que se han venido explicando, para los cuales se valieron, en parte, de las armas y las incontables municiones que se secuestraron en cada uno de los allanamientos realizados. Por cierto, en el marco de estas diligencias se procedió a incautar material estupefaciente, cuya comercialización se investiga en la causa N° CFP 6224/2020 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 5, la cual, luego de dictarse los procesamientos con prisión preventiva de los encartados, fue elevada al Tribunal Oral Federal N° 6 el 29 de abril del corriente”, se agregó.

Con respecto a Derlis y Aldo Sebastián Carballo Oliveira, se los consideró responsables de los delitos de “organizador de asociación ilícita; robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en poblado y en banda; extorsión en grado de tentativa y homicidio criminis causa -dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa-, figuras agravadas por haber sido cometidas con armas de fuego y portación ilegítima de arma de guerra y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”.

“Dentro de este contexto asociativo, se considera que Derlis y Aldo Sebastián Carballo Oliveira (junto con su hermano prófugo) deben considerarse organizadores, debido a que han sido quienes acometieron los planes de acción, fines y medios de la empresa delictiva, distribuyendo entre los miembros las tareas y los roles, ubicándose dentro de este último grupo, Aguirre, Ojeda y Juárez”, detalló la fiscalía.

Por otro lado, sostuvo que Nicolás Elías Juárez era integrante de la asociación ilícita y responsable por los delitos de “extorsión -en dos oportunidades-; homicidio criminis causa, reiterado en dos ocasiones, uno de ellos en grado de tentativa extorsión en grado de tentativa y homicidio criminis causa -dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa-, figuras agravadas por haber sido cometidas con armas de fuego y portación ilegítima de arma de guerra”.

A Ojeda, por su parte, se lo señaló como integrante también de la asociación ilícita y se le endilgaron los delitos de “extorsión agravada por el uso de arma de fuego en grado de tentativa; homicidio agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego y criminis causa, reiterado en dos ocasiones, uno de ellos en grado de tentativa y portación ilegítima de arma de guerra”.

Las conductas reprochadas a Aguirre abarcan su participación en la asociación ilícita; el robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en poblado y en banda, una extorsión; el homicidio criminis causa, reiterado en dos ocasiones, uno de ellos en grado de tentativa, y agravados por haber sido cometidas con armas de fuego y por la portación ilegítima de arma de guerra.