El fiscal general Marcelo Agüero Vera solicitó al Tribunal Oral Penal Económico Nº 1 que se devuelvan de manera urgente un cuerpo momificado y tres cráneos humanos  a la República del Perú, los cuales fueron objeto del proceso por el cual se condenó a Sebastián Suárez a la pena de cuatro años de prisión por considerarlo autor del delito de tentativa de importación de piezas arqueológicas, mediante un envío postal detectado en el Correo Argentino.

El 27 de febrero de 2014, el Tribunal Oral Federal nº 1dictó la condena contra Suárez, tal como lo había solicitado la fiscalía,  y en el mismo fallo se solicitó que, al momento de que la misma adquiera firmeza, se devolvieran los elementos que fueron objeto del proceso y que constituyen parte integrante del patrimonio cultural del Perú.

El pedido del Fiscal General se funda en que la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal  decidió el 9 de septiembre pasado rechazar el recurso extraordinario interpuesto por la defensa contra la confirmación de la sentencia mocionada y, por ende, "resulta factible proceder a ejecutar la misma por invocación de la doctrina plenaria sentada en el fallo “Agüero” de la CNCPN  y del fallo CSJN “Olariaga, Marcelo Andrés s/causa 35/03 O” .

Asimismo, Agüero Vera argumentó que se tenga particularmente en cuenta el compromiso asumido por el Estado Argentino, en la preservación y protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico –art. 1 de la Ley 25743- por lo que se debe proceder de manera urgente a poner a disposición los efectos de referencia ante la Embajada del Perú para que se efectivice el retorno de los mismos al país de origen.

Como lo manifestara oportunamente en su alegato el representante del Ministerio Público Fiscal, se trató de un juicio histórico ya que por primera vez desde la vigencia de la Ley 25743 de protección de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico se detecta un contrabando de restos humanos y se arriba a una condena.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal es una deuda institucional que el material secuestrado regrese lo antes posible a la República del Perú, por ser parte de su patrimonio cultural.