El fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó la elevación a juicio del dueño de un campo ubicado en la localidad bonaerense de Cañuelas y dedicado a la venta de lechones, acusado de haber explotado laboralmente al menos a un trabajador en situación de vulnerabilidad. El representante del MPF consideró cerrada la etapa de instrucción tras reunir las pruebas que acreditan que el imputado, quien se encuentra con prisión domiciliaria, participó en la captación, el traslado, la recepción y el acogimiento de la víctima, mediante el engaño y abuso de autoridad desde una fecha que aún no puede establecerse hasta el 21 de julio de 2015.

La víctima se alojaba en un ómnibus en desuso, no contaba con acceso al agua corriente, no tenía baño, luz ni cualquier otro servicio. Además, no tenía acceso a asistencia sanitaria ni al sistema de protección alguno y dormía sobre una plancha de goma espuma en el mismo lugar utilizado para almacenar agroquímicos nocivos para la salud. Finalmente, también denunció malos tratos y amenazas por parte de su empleador y que en algunas ocasiones tampoco le brindaban alimentos por lo que recibía la colaboración de otro compañero que le cedía comida.

Según el informe elaborado por los profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del delito Trata de Personas, el trabajador explotado realizaba prolongadas jornadas laborales, sin contar con aportes provisionales, sistema de salud prepago o algún tipo de cobertura, sumado al bajo salario, que estaba sujeto a los designios del acusado.

En agosto de 2015, el imputado fue procesado con prisión preventiva por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, en línea con lo solicitado por el fiscal. En esa oportunidad, el fiscal también solicitó la ampliación del pedido de indagatoria del imputado por otras posibles víctimas y la indagatoria de su mujer.

Por otro lado, el imputado había sido indagado también por el delito de tenencia ilegítima de un arma de fuego pero en su momento el juzgado le dictó la falta de mérito al resolver su situación procesal. En ese sentido, la fiscalía pidió la incompetencia por ese hecho ya que consideró que no tiene vinculación alguna con el delito de competencia federal.

Origen del caso

Los hechos se iniciaron a raíz de una denuncia anónima recibida el 13 de julio de 2015 en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) que derivó en una inspección ocular en el predio rural denunciado. El procedimiento se llevó a cabo el 16 de julio por parte de representantes de ese organismo y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En esa oportunidad, se constató la presencia de dos trabajadores. Uno de ellos indicó que pernoctaba en el interior de un ómnibus en desuso junto a grandes cantidades de agroquímicos y en pésimas condiciones de salubridad e higiene: sin baños, estufa, agua potable, cocina ni energía eléctrica. A su vez, dijo que debía dormir sobre una plancha de goma espuma y aseguró que cobraba 50 pesos por semana por sus tareas.

Asimismo, ambos trabajadores indicaron que no se encontraban inscriptos en ningún organismo laboral ni de seguridad social y que realizaban sus tareas en pésimas condiciones, sin protección alguna. Finalmente, ese día, se hizo presente el imputado que, luego de que le explicaran el motivo de la presencia del personal de ambos organismos, se ofuscó con los inspectores.

Como consecuencia, al día siguiente de este procedimiento, se realizó la denuncia en la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Gómez Barbella, quien el mismo día solicitó la orden de allanamiento en el predio rural -medida que fue ordenada por el juzgado y que se llevó a cabo el 21 de julio-, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objetivo de iniciar una investigación patrimonial respecto del empresario.

Una vez en el lugar, se constató la presencia del imputado, su mujer, los dos trabajadores que habían estado presentes en la inspección ocular y otras tres empleadas del campo que manifestaron residir en el lugar, en una vivienda facilitada por el imputado. Finalmente, se secuestró una gran variedad de armas y municiones.  El operativo –a pedido del Ministerio Público Fiscal- contó con la participación de personal especializado del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, personal del ministerio de Trabajo, de RENATEA y AFIP.

Como resultado, el dueño del predio resultó detenido y el fiscal solicitó el decomiso del campo donde se desarrollaron los hechos. El representante del Ministerio Público Fiscal reclamó además la ampliación de indagatoria al dueño del establecimiento, al entender que se le debería endilgar el delito de trata de personas y reducción a servidumbre respecto a una segunda víctima.

En su declaración, la víctima que residía en el colectivo en desuso detalló que trabajaba en el campo de lunes a lunes pero los domingos “un poco menos” y que su tarea consistía en alimentar ganado. Asimismo, agregó que el agua para beber la obtenía de un molino, que para ir al baño tenía que ir “a escondidas”  en el campo y que para higienizarse tenía que ir al telepeaje donde lo dejaban usar los baños. Si  bien dijo que trabajaba desde febrero de 2015, un testigo declaró que el hombre concurre al baño del telepeaje hace 13 años.

Por su parte, la otra víctima detalló que trabajaba como encargado del campo y que tenía a su cargo el cuidado de animales, el barrido de alambrados y demás tareas para mantenimiento del predio. Añadió que trabajaba de lunes a sábados, que vivía en una pieza “de tres por cuatro” con un baño “afuera de la vivienda”  y que cobraba 800 pesos por semana.

Los dos empleados denunciaron, además de las malas condiciones laborales en las que se encontraban, malos tratos y amenazas por parte de su empleador.