18 de julio de 2024
18 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La causa se inició en agosto de 2014 por una presentación de Marcela Durrieu
Solicitaron la indagatoria del intendente de San Isidro Gustavo Posse por posibles irregularidades en el Plan Federal de Viviendas
Lo requirió el titular de la Fiscalía Federal n°1 Jorge Di Lello. La medida también alcanza a representantes de varias empresas, funcionarios provinciales y del Municipio. El representante del MPF entendió que “los imputados podrían haber cometido un ilícito en relación al Proyecto nº 48 “San Isidro I”, Barrio Martín y Omar. Se habrían construido solamente 44 viviendas de las 250 que fueron proyectadas, licitadas y comprometida su realización.

La Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de Jorge Di Lello, solicitó la indagatoria del titular del Municipio de San Isidro, Gustavo Posse, por posibles irregularidades en el Plan Federal de Viviendas. La medida también alcanza al arquitecto de la empresa SOLUCIONES URBANAS SRL, al ingeniero de la firma EMACO SA y a la presidente de la CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS SA, entre otros. El fiscal también pidió que sean indgados funcionarios provinciales y del Municipio de San Isidro. El representante del MPF señaló que los imputados podrían ser responsables de irregularidades que se habrían suscitado en torno a la ejecución parcial del Plan Federal de Vivienda en el Barrio “Martín y Omar”de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Del escrito de la fiscalía surge que la ejecución e inspección de las obras le correspondía a la Municipalidad de San Isidro, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Obras del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal de la Nación informó que dicho organismo “…únicamente suscribió un convenio para el financiamiento de las obras con el municipio de San Isidro…(ya que este es) “…el responsable de la elaboración de los proyectos, la licitación de las obras, la contratación de las empresas constructoras y el pago de los certificados de obra a las empresas con los fondos que la Subsecretaría le adelanta al efecto, de acuerdo con el cronograma de desembolsos previsto en los convenios…”.

Asimismo, la existencia de todos estos recursos en manos del Municipio de San Isidro, "cuyo destino era la efectiva construcción de las viviendas, obras de infraestructura y mejoramiento en los distintos barrios (de acuerdo a los respectivos contratos de obra pública oportunamente suscriptos con los distintos contratistas) según se ha denunciado ante esta Fiscalía y se evidencia tanto de la compulsa de la documental acompañada, como de la inspección ocular realizada y de los testimonios recolectados, al menos en el barrio “Martín y Omar” (…) las obras se paralizaron en el año 2007, pero ya en los años anteriores y desde el inicio del Subprograma, comenzaron las denuncias por irregularidades en la implementación del Plan…”, refirió la fiscalía. Se habrían construído solamente 44 viviendas de las 250 que fueron proyectadas, licitadas y comprometida su realización por medio de los contratos correspondientes y los fondos destinados a tal fin.

La causa se inició en agosto de 2014 por una presentación de la abogada Marcela Durrieu que denunció posibles maniobras vinculadas al proyecto relacionado con el “Barrio Martín y Omar”, identificado en el Plan Federal de Viviendas como Proyecto 48, ‘San Isidro I’, lo que derivó en un requerimiento de instrucción de la fiscalía federal Nº 1. Así las cosas, en julio de 2016 la denunciante agregó nueva documentación al legajo. Entre los escritos había testimonios de vecinos del barrio que habrían alertado a la presentante acerca de la “…angustiante situación urbana y edilicia del barrio carenciado allí ubicado, conocido como “Martín y Omar”….”. Añadió que los vecinos afectados -entre otros de la zona- habían efectuado reclamos a la Municipalidad de San Isidro en cuanto a la urbanización del barrio, efectuando una petición con 800 firma.”.

Durrei señaló, además, que “de las 250 viviendas cuya construcción se había proyectado, se construyeron solamente 43, y que éstas “…no cumplen con las normas previstas en los ‘Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social’ elaborados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación…”. Agregó la denunciante que en dichas unidades existen falencias constructivas vinculadas a la estructura edilicia, sanitaria y a la conexión a las redes de servicios básicos (gas, cloacas), y explicó que los vecinos efectuaron las reformas “por cuenta propia”.

También aseguró que  “la obra correspondiente a las 250 viviendas del Barrio Martín y Omar fue certificada como cumplida en su totalidad y el desembolso de los fondos autorizados y pagado. Sin embargo, en la actualidad sólo hay 43 viviendas de las 250 que se debían construir”.