A partir de las presentaciones que realizó el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el fiscal federal Federico Delgado solicitó en febrero del año pasado la reapertura de la causa conocida como “masacre en el Pabellón Séptimo", por considerar que se trata de una violación a los derechos humanos.  El hecho ocurrió en marzo de 1978 en el marco de una requisa que llevó adelante el Servicio Penitenciario Federal en la Unidad 2 de la Cárcel de Devoto. Allí, hubo 60 muertos, muchos quemados y asfixiados y otros fusilados.

El representante del Ministerio Público pidió al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, una serie de medidas. Entre ellas, solicitó que se requiera a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional  Federal que informe la nómina de empleados que integraban, para el mes de marzo de 1978, la Secretaría Nº 11 del Juzgado Federal Nº 3 y la Fiscalía Federal Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de que el juez les reciba declaración testimonial. Asimismo, Delgado también requirió que el testimonio del secretario del juzgado de aquel entonces.

Por otro lado, el fiscal pidió que los diarios Crónica, Clarín y La Nación informen sobre los autores de los artículos periodísticos que dieron cuenta del hecho y solicitó que el Ministerio de Justicia de la Nación remita los comunicados oficiales emitidos por el Servicio Penitenciario Federal sobre el caso.

Recordemos que Federico Delgado resaltó en la presentación que requirió para que se reabriera la investigación: “El Estado no investigó en realidad qué pasó aquel trágico día. Simplemente, se dedicó a administrar el régimen de verdad que instauró el tándem formado por el Servicio Penitenciario Federal y el juez en turno”. Asimismo, afirmó que la investigación se orientó a encontrar el origen del incendio, pero no la razón de la muerte de los internos.