El titular de la Fiscalía Nº8 en lo Criminal y Correccional Federal, Juan Pedro Zoni, solicitó que se investigue si el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento judicial de San Isidro descentralizado Tigre, Diego Martínez; el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Don Torcuato, Federico González; el comisario mayor y titular de la Coordinación Departamental de Investigaciones de San Isidro, Sergio Fabián Rodríguez, y el comisario jefe de Operaciones de la Coordinación Departamental de Investigaciones, Pablo Ignacio Machicote, cometieron irregularidades en el allanamiento de la vivienda de la ex esposa de Esteban Ibar Pérez Corradi, concretado cerca de la medianoche del 9 de febrero pasado, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

La causa se originó luego de que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría denunciara que el procedimiento se realizó “sin motivo ni justificación aparente”, en lugar en de darle la noticia sobre la posible ubicación de Pérez Corradi a su Juzgado -N°1-, al Juzgado Federal N°7 de la Capital Federal o al Juzgado Federal de San Isidro, “quienes resultan los magistrados que ordenaron la captura de Esteban Ibar Perez Corradi” en virtud de las distintas causas en las que intervienen -por tráfico de efedrina, lavado de dinero vinculado a la mafia de los medicamentos y una solicitud de extradición a Estados Unidos, respectivamente.

Los testimonios extraídos por la jueza dieron cuenta que “el allanamiento en cuestión se ordenó en base a dos declaraciones testimoniales recibidas a personal de la Coordinación Departamental de Investigaciones de San Isidro -Sergio Fabián Rodríguez y Pablo Ignacio Machicote- que indicaran haber recibido información por parte de personal de la ‘Agencia Federal de Investigaciones’”, dando cuenta que Pérez Corradi se encontraba en una vivienda de la localidad bonaerense. Del procedimiento participó “el mismo personal de la Coordinación Departamental de Investigaciones de San Isidro, distintas unidades investigativas dependientes de la C.D.I. San Isidro, personal del Grupo Halcón y personal de la Agencia Federal de Investigaciones”, señaló Zoni en el requerimiento de instrucción presentado ante el Juzgado Federal N°5, caratulado “Fiscalía de Don Torcuato – Juzgado de Garantías N° 5 s/ averiguación de delito”.

Zoni destacó en el dictamen que “si bien la orden de allanamiento en cuestión fue librada ‘con el único fin de efectivizar la detención’” y “‘proceder al secuestro de armas de fuego’”, “la lectura de los testimonios reflejan que se habrían llevado a cabo seguimientos, traslados, secuestros de diversos objetos y documentación”.

Luego de solicitar una serie de medidas, el fiscal federal pidió que se tenga “por impulsada la acción penal”, a fin de “iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar los sucesos relatados y deslindar las posibles responsabilidades penales que podrían caberle a los funcionarios públicos que intervinieran”.