25 de mayo de 2024
25 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Dictamen del fiscal Javier De Luca
Solicitaron rechazar un recurso de casación en un caso de trata de personas
Los imputados son dos personas acusadas de engañar y trasladar con fines de explotación laboral a una joven menor de edad. El hombre, además, habría abusado sexualmente de ella. Ambos fueron condenados en agosto de 2015.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó rechazar un recurso presentado ante el máximo tribunal penal por la defensa de dos imputados en el marco de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral y abuso sexual de una joven menor de edad.

Se trata de un hombre y una mujer, tíos de la víctima, que en agosto fueron condenados a 10 y 11 años de prisión, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia los encontrara culpables de haber engañado y trasladado con fines de explotación laboral a una joven boliviana en situación de vulnerabilidad.

Sobre los planteos de nulidad, respecto a la incorporación por lectura de los testimonios brindados en la etapa de instrucción, el fiscal de Casación explicó que el Tribunal contó con varios medios probatorios para arribar a la sentencia condenatoria, razón por la cual la sentencia resultaba ajustada a derecho conforme las constancias de la causa. De Luca sostuvo que la incorporación del testimonio del menor, obedece al principio fundamental  de raigambre constitucional del interés superior del niño.

En cuanto a la alegada arbitrariedad en la valoración de los medios probatorios, respondió que el tribunal había efectuado una adecuada consideración de las pruebas y fundado su sentencia en una gran cantidad de elementos sometidos al contradictorio de las partes y valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Hacia el final de su dictamen, el fiscal general sostuvo que a partir de lo expuesto no hay duda que los hechos imputados constituyen “una vulneración a los derechos tutelados en la Ley de Trata de Personas, configurando así el delito por el cual fueran condenado".                                  

La causa se inició el 30 de mayo de 2011, a raíz de una denuncia realizada ante la Comisaría de la  mujer por parte de la víctima menor de edad que ese momento tenía 12 años. En esa oportunidad, la joven relató que mientras vivía en la República de Bolivia junto a su mamá y sus siete hermanos, su tía y su pareja le hicieron una oferta laboral que consistía en irse a estudiar a Argentina, a cambio de cuidar a sus primos a través de distintas actividades tales como cocinar, limpiar, lavar y llevarlos al colegio mientras su tía trabajaba en una verdulería. Sin embargo, una vez allí, fue obligada a realizar tareas de servidumbre en el hogar a través de malos tratos, sin pagarle lo acordado y sin cumplir con la promesa de educarla. Asimismo, su tío comenzó a abusar sexualmente de ella en reiteradas oportunidades.