El titular de la Fiscalía Federal n°6, Federico Delgado, requirió la elevación a juicio respecto de un ciudadano de origen surcoreano acusado de facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en el país, todo ello con el objetivo de obtener un beneficio económico a partir de su explotación laboral en un taller textil de su propiedad. De acuerdo a la investigación, el acusado -de nombre Kim de Hung- empleó al menos 26 residentes extranjeros con situación migratoria irregular en el taller textil ubicado en la calle Alagón 60/62/66, del barrio porteño de Parque de los Patricios, aproximadamente desde el 15 de agosto de 2012 hasta el 18 de marzo de 2013.

Los hechos

A partir de una denuncia recibida a través de la línea 911 en la Comisaría 34 de la Policía Federal Argentina que daba cuenta del funcionamiento de un taller clandestino en el mencionado domicilio, se encomendó una investigación a la División Trata de Personas de esa fuerza. Así las cosas, se logró verificar el funcionamiento del taller con el nombre de fantasía “Marzzo” en el cual se confeccionarían prendas que luego se comercializarían en un local comercial ubicado en la calle Avellaneda 3266. También se observó el ingreso de unas veinte personas –“con rasgos fisionómicos típicos de personas provenientes del Noroeste Argentino”- en al menos dos turnos. La pesquisa derivó en un allanamiento llevado a cabo el 18 de marzo de 2013 en el cual se encontraron 26 personas trabajando en el lugar, dos de ellas menores de edad, todos ellos de nacionalidad boliviana. Asimismo, nueve de esas personas se encontraban en situación migratoria irregular.

Explotación

Los testimonios de las víctimas pusieron en evidencia el régimen de explotación a que eran sometidas por parte del imputado, que se beneficiaba así de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban. Según sus testimonios, la jornada de trabajo se extendía durante doce horas, si bien “todos los empleados trabajaban trece horas para tener libres los sábados”. También expresaron que “las condiciones laborales del lugar no eran buenas y que los dueños del lugar habían aleccionado a sus compañeros para que declaren en sede judicial que su jornada laboral era de ocho horas, y no de trece”. Ninguno de los empleados se encontraba debidamente registrado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De la documentación surge además que el propio acusado efectuó en noviembre de 2012 el pago voluntario de una multa impuesta por la Dirección Nacional de Inmigraciones por haber empleado a una persona que se encontraba en situación migratoria irregular. “Sin perjuicio de ello, el imputado continuó ampliando sus márgenes de ganancias con el trabajo de esa misma persona, con residencia ilegal en el país”, consignó el representante del Ministerio Público.

A pesar del enorme cúmulo de irregularidades que se llevaban a cabo en su interior, el domicilio ubicado en Alagón 66 contaba con una habilitación para funcionar como taller de bordado expedido en 1998 por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Todo lo expuesto permite afirmar que el imputado empleó a personas de nacionalidad extranjera en situación migratoria irregular para trabajar en el taller textil de su propiedad (…) que desarrollaba sus tareas a espaldas de las normativas laborales, previsionales y fiscales vigentes, obteniendo un provecho económico”, dictaminó el fiscal federal Federico Delgado.