A partir de la denuncia de una adolescente de 16 años que escapó de un taller clandestino donde era explotada laboralmente, se realizaron ocho allanamientos solicitados por el fiscal Diego Iglesias, a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Federal Nº10, en cinco domicilios ubicados en los barrios porteños de Flores, Mataderos y Villa Lugano y en tres locales comerciales de la avenida Avellaneda y del barrio de Once.

Durante los procedimientos, fueron rescatadas seis personas y otras cinco resultaron detenidas y se ordenó la clausura de los lugares.

A partir de las declaraciones de las víctimas, algunos de ellos habrían sido trasladados desde Mendoza y Bolivia sin conocer cuánto se les pagaría por el trabajo. Hasta la fecha, no habían cobrado ningún salario, vivían hacinados y sin medidas de seguridad e higiene.

Por otro lado, en los demás talleres se constató la presencia de otros 22 trabajadores, muchos de ellos en situación migratoria irregular.

Origen de la causa

La causa se inició en octubre de 2014, a partir del relato de una adolescente de 16 años, quien había denunciado que se había escapado de un taller textil donde trabajaba desde hacía unas semanas en malas condiciones. La joven, quien se encontraba en situación de vulnerabilidad, agregó que habría sido traída engañada desde Bolivia por una mujer que le había ofrecido coser camisas a cambio de unos 2500 pesos mensuales que podían transformarse en  5.000 si realizaba las tareas más rápido.

La propuesta incluía una jornada laboral de 12 horas y que podía abandonar el taller y regresar a Bolivia en cualquier momento.

La joven se resistió a la propuesta debido a una enfermedad que padecía su madre, pero la imputada se presentó nuevamente en la vivienda con los papeles, supuestamente legítimos, para ingresar a la Argentina.

La adolescente detalló que el traslado, de ella y de otro joven boliviano, ocurrió en el mes de septiembre de 2014 y que el viaje duró aproximadamente tres días a bordo de una camioneta junto a otras personas, quienes fueron las encargadas de proveerla de documentación falsa.

Una vez en Buenos Aires, la imputada le asignó a la víctima una habitación dentro dentro del taller donde dormían otras tres personas. En el lugar, debía realizar tareas vinculadas a la colocación de botones, doblar y acomodar camisas.

Con relación a la jornada laboral, la denunciante indicó que comenzaba a las 6:00 pero que los días en los que había mucho trabajo, tanto ella como otros jóvenes debían iniciar a las 4:00 y podían extenderse hasta las 22:00 o hasta la medianoche. Además, dijo que debían trabajar de lunes a sábados y que los domingos estaban obligados a limpiar el lugar.

La joven relató también que era víctima de maltratos físicos, psicológicos y de hostigamiento sexual por parte de la pareja de la imputada.

A partir de la investigación desplegada de forma conjunta por la Fiscalía a cargo de Diego Iglesias y el Departamento Investigaciones de Trata de Personas de la Prefectura Naval Argentina, se individualizó los talleres y a los responsables.

Entonces, la Fiscalía solicitó el registro de los inmuebles y la detención de las personas vinculadas a la organización. La medida fue ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, Norberto Oyarbide.