La jueza Sabrina Namer condenó a un año de prisión en suspenso a tres policías que amenazaron y le exigieron dinero a un joven a cambio de no detenerlo, en junio de 2011. Los dos aceptaron su responsabilidad en el hecho en el marco de un juicio abreviado firmado con la Fiscalía, representada por Fabián Céliz.

El 16 de junio de 2011, cerca de las 18, Juan Domingo Nogueda y Rodolfo Paulino Almada, policías de la Comisaría 28, se acercaron con sus bicicletas a un hombre que esperaba el colectivo en la Avenida Caseros y Pasco, en el barrio porteño de Parque Patricios. En ese momento, Almada se acercó y lo golpeó con su puño en el vientre y luego los dos lo tiraron al piso y lo palparon.

“¿Cuánto vale tu libertad”?, le dijeron mientras seguían hostigándolo y diciéndole que lo iban a detener por una presunta infracción a la ley de estupefacientes. Como el damnificado no tenía dinero encima, lo dejaron pero le avisaron que pasarían por su trabajo (ubicado a unas pocas cuadras de allí) al día siguiente. El 17 de junio, alrededor de las 10 de la mañana, Almada se presentó junto con César Ruiz Díaz (ambos a bordos de bicicletas) en el trabajo del hombre y volvieron a amenazarlo.

La jueza (integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº8 que tiene a su cargo las causas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº23) tuvo en cuenta también la declaración del hombre, quién contó que esa mañana les reiteró que no tenía plata y fue nuevamente amenazado.

La víctima relató que se enteró luego que los policías habían hablado con su jefe por lo que decidió ir hasta la Comisaría 28 del barrio de Barracas a hacer la denuncia. Allí, se encontró con los agentes de la Policía Federal que le preguntaron qué hacía allí y comentaron que “todo había sido un error”. El hombre se retiró pero volvió al día siguiente a hacer la denuncia.

Tal como había propuesto el fiscal, la jueza los condenó a un año de prisión en suspenso por el delito de “concusión calificada por el uso de intimidación”.

Namer tomó en su fallo la declaración del jefe y de un compañero del damnificado que confirmaron que los policías estuvieron en el trabajo. También, las copias de documentación de la comisaría donde quedó asentado que entre las 12 y las 18 del 16 de junio las bicicletas fueron usadas por Almada y Nogueda mientras que el 17 fueron utilizadas por Ruíz Díaz y Almada entre las 6 y las 12.

Tal como había propuesto el fiscal, la jueza los condenó a un año de prisión en suspenso por el delito de “concusión calificada por el uso de intimidación”. “Con el pretexto de la formación de un proceso penal por infracción a la ley 23.737, intentaron infundir temor y de este modo procurarse de modo ilegítimo la entrega de una suma de dinero”, recalcó. Sostuvo que los imputados abusaron de su calidad de funcionarios públicos y agregó: “eligieron como víctima a un trabajador a quien incluso fueron a amenazar a su lugar de trabajo, involucrando en el hecho a su jefe y compañero de trabajo, lo que podría haber traído tristes consecuencias”.

La pena será de ejecución condicional siempre que los tres, durante dos años, fijen residencia, se sometan al control del Patronato de Liberados y realicen ocho horas mensuales de trabajos a favor de Cáritas Argentina, “con el fin de prevenir la comisión de nuevos delitos”.

En el caso de Almada, la juez le unificó esta condena con otra que tenía en la justicia de Lomas de Zamora, donde había sido considerado responsable del “delito de abuso de armas agravado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad, lesiones leves, resistencia a la autoridad y amenazas agravadas por el empleo de arma”. Por ello, le fijó una pena única de tres años de prisión en suspenso.