25 de junio de 2024
25 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A raíz de un recurso de queja presentado por el fiscal Gómez
Tucumán: resolvieron que la justicia federal debería investigar el posible fraude electoral
Lo dispuso la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que abrió la posibilidad de dar curso al recurso del fiscal para que la justicia federal tucumana investigue si se alteró el resultado del proceso en el que resultó electo Juan Manzur como actual gobernador.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la queja por recurso de casación denegado que presentó el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, y ordenaría que sea la justicia federal de Tucumán la que investigue si se produjo fraude en las elecciones de gobernador realizadas el 23 de agosto de 2015, en las que resultó ganadora la fórmula encabezada por Juan Luis Manzur.

La investigación se había iniciado a raíz de que los ex candidatos a gobernador y vicegobernador José Cano y Domingo Amaya denunciaron, el 28 de agosto de 2015, la existencia de una asociación ilícita entre funcionarios nacionales y provinciales dirigida a falsear el resultado electoral para perjudicarlos. Los denunciados por delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, destrucción y adulteración de las filmaciones de la junta electoral, asociación ilícita y defraudación fueron Luis Soria y Juan Ángel Díaz, en su calidad de autoridades del Correo Argentino; Darío Almaraz y Fernando Iramain, secretarios de la Junta Electoral de Tucumán; Claudio Adolfo Maley, Paul Danilo Rivero, Ricardo Augusto Gil Gómez, Héctor Luna, Roberto Veliz, Alfredo Peñaloza, Miguel Cossio y Manuel Vassel de la Gendarmería Nacional, y Francisco Omar Jaime, como responsable de la firma INFO FOJ.

El 1° de octubre de 2015, el fiscal dictaminó que debía escindirse el hecho en dos: por un lado los delitos ocurridos durante la carga de información del escrutinio, entendiendo que debían ser investigados por la justicia local, y por otro, los acontecimientos que involucran al personal de la Gendarmería, que debían ser analizados en la Justicia Federal. Entonces, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso declinar competencia en favor de la justicia local, decisión que fue recurrida por el representante del Ministerio Público Fiscal y obtuvo el visto bueno de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, por lo que el fiscal Gómez interpuso recurso de casación contra la decisión del Tribunal de Alzada de remitir las actuaciones a la justicia local, el cual no fue concedido y motivó la queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En su queja, el fiscal Gómez sostiene que se han violentado los “paramentos democráticos pues se indaga la posible alteración del padrón electoral, la incorporación al mismo de personas fallecidas, la confección de planillas finales de escrutinio con datos adulterados en beneficio del sector político oficial de Tucumán, la participación en la maniobra ardidosa de personal de Gendarmería Nacional y de funcionarios del Correo Argentino”. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, de comprobarse los hechos denunciados “la elección de autoridades no evidenciaría la auténtica voluntad popular de la población tucumana, sino un acto formal y fraudulento destinado a asegurar la continuidad de un gobierno sin que exista una transparente y legítima elección de autoridades”.

Ahora, la Sala IV, presidida por Juan Carlos Gemignani e integrada por Gustavo Hornos y Mariano Borinsky consideró que debía hacerse lugar a la queja del fiscal Gómez y declarar erróneamente denegado el respectivo recurso de casación, a fin de que se analice sí corresponde que sea la Justicia Federal de Tucumán la que investigue las irregularidades denunciadas en el proceso electoral.